La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer que los españoles ahorren en la factura de la luz no ha sido más que una trampa, que a la larga le saldrá más cara a los ciudadanos, pues han comenzado a salir recargos en la factura del mes de agosto que suponen un desembolso adicional para todos.
En las redes sociales varios usuarios denunciaron esta situación, de la que se percataron al recibir la factura correspondiente al mes de agosto y muchos se preguntaron que a qué se debía este nuevo recargo que aparece ahora, por primera vez.
De las imágenes halladas en las redes, el monto del cobro variaba , pero en uno de los casos, el cargo representaba por lo menos un tercio del monto total que el usuario debía cancelar. Entre los comentarios, algunos clientes se quejaban de que ninguna autoridad había anunciado que se iba a hacer este cobro, del cual además no se ofrecía ninguna explicación.
Se suponía que con la medida de la excepción ibérica, que fue aprobada en junio por la Unión Europea, para ponerle un tope al precio del gas, redundaría en un ahorro en las facturas de la luz, pero al final se tradujo en una especie de «impuesto» que ahora aparece en el recibo bajo la figura de «cargos normativos» y que significa un cobro que anteriormente no estaba contemplado.
Al final, se trata de una «compensación» que recibirán las compañías por haber accedido a topar el precio del gas. Esto sin contar que el precio de la energía sigue subiendo hasta haber alcanzado durante las últimas dos semanas precios históricos, que se verán reflejados a partir del próximo mes en las facturas. Este escenario ofrece un panorama muy oscuro para los ciudadanos, de cara al otoño, que ya está próximo y que se vienen los meses en los que las personas más utilizan la calefacción.
De acuerdo con el experto en economía, Eduardo Garzón, actualmente existen dos tipos de clientes: los que tienen un precio fijo que, efectivamente, verán una reducción el sus facturas, y otros que ya pagaban la compensación por el gas y que verán un incremento por este concepto, que aumentará en la medida que el precio de la energía se incremente.
Al final, la estrategia de Pedro Sánchez y sus ministros, para tratar de contener el precio de las energías en el país, no han dado resultados, por lo que se espera que las medidas que serán anunciadas a partir de septiembre sean aún más radicales que las impuestas por el Ejecutivo el mes pasado, cuando se aprobó el tope de los aires acondicionados a 27 grados durante el verano y 19 grados para el invierno, así como la obligatoriedad para los comerciantes de instalar puertas corredizas en las entradas de los establecimientos para conservar el aire, así como el apagado de los escaparates a partir de las 10:00 pm.
Ya lo había advertido la ministra Tersa Ribera hace un par de meses, que sin la excepción ibérica el precio de la energía estaría muy por encima de lo que está ahora establecido, pero lo que la funcionaria no le advirtió a las personas es que esa medida se traduciría en un cobro adicional en sus facturas y que a la larga no representaría un verdadero ahorro para nadie.
Ribera había dicho que la medida sería un paraguas para proteger al consumidor domestico y a la gran industria, pero todo parece indicar que la realidad será muy diferente a lo que «vendió » el Ejecutivo como una medida de salvación para todos los españoles, pues parece que se tratará de un mero efecto de cambio de nombre, pues a la larga, el consumidor final pagará más o menos lo mismo.
La excepción ibérica tiene todo el aspecto de pasar a convertirse en un parche que en nada ayudará a al economía del ciudadano, porque al final le precio de la energía continúa aumentando en los mercados internacionales y es precisamente por ello que desde la Unión Europea llegaron a sugerir que posiblemente haya que hacer una intervención del mercado eléctrico, para que el precio del gas incida en el precio de la luz. Esta semana comenzó con un precio tome de 463 euros el megavatio por hora, lo que representa uno de los más altos que se haya tenido en el histórico.
Esta medida de la excepción ibérica tendrá una vigencia de un año, pero la realidad es que no habrá un impacto verdadero siempre y cuando las compañías no logren frenar el incremento de los precios, y al final será el consumidor el que verá estos impactos en su factura cada mes, sobre todo en este momento donde está presente la incertidumbre por las decisiones que podría tomar Rusia, de cara al invierno y el posible corte del suministro de gas a Europa.
