El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, responsabiliza al PSOE de que la ley de vivienda aún no esté aprobada, al apreciar resistencias en su socio de coalición a aceptar propuestas en la normativa.
Según han explicado fuentes de este departamento, son tres reivindicaciones las que provocan que el texto aún no esté aprobado en el Congreso. La primera es la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, es decir, para grandes y pequeños tenedores de vivienda.
Otro punto, que ya han demandado los morados en varias ocasiones, es que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a ser pisos en régimen de alquiler de titularidad pública. De esta forma, argumentan en Derechos Sociales, con ese volumen de inmuebles se incrementaría de forma «rápida» el parque público de vivienda.
Finalmente, el socio minoritario aspira también a reflejar en la ley la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin que exista una vivienda alternativa donde puedan alojarse, medida que quiere evitar lo ocurrido en la crisis de 2008 con el aumento de lanzamientos.
De esta forma, el Ministerio que lidera Belarra, que es coproponente del proyecto normativo, considera que la ley de vivienda «puede estar aprobada mañana mismo si el PSOE apoya» estas tres propuestas, pues considera además que están «respaldadas» por el bloque de investidura y, a su juicio, tienen un «gran respaldo social».
«Son de sentido común», enfatizan las mismas fuentes para criticar que el PSOE «se resiste a aceptar» estos tres puntos, recogidos en enmiendas al texto, y provoca con ello que la Ley aún no esté aprobada.
El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó la remisión de la citada ley a las Cortes Generales, para así iniciar su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. En marzo se aprobó la toma en consideración y también se abrió la fase de enmiendas, sin que hasta ahora se hayan concretado un acuerdo parlamentario.
Recientemente la coportavoz de Podemos, Isa Serra, advirtió de que aprobar una normativa de vivienda para regular los precios del alquiler es uno de los compromisos que el Gobierno de coalición «debe cumplir» antes de sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.
Y es que el planteamiento de los morados es que la derogación de la ley ‘mordaza’ y el desbloqueo en vivienda son requisitos previos para encarar la negociación de las cuentas públicas en el seno de la coalición.
