El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó el 25 de mayo una pregunta escrita al Gobierno después de que el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicase el 18 de mayo la Resolución de Consejo de Gobierno sobre denominación del Aeropuerto de la Región de Murcia. Determinar como denominación oficial del aeropuerto de la Región de Murcia como ‘Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia- Juan de la Cierva’.
Mulet preguntó por escrito que, visto que este intento de denominar al aeropuerto con un nombre franquista no pudo llevarse a cabo en año pasado, por el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, por qué ahora «el Gobierno de la Región de Murcia hace caso omiso a la legislación y lo intenta consumar». En este sentido, el portavoz de Compromís preguntó al Ejecutivo nacional «¿qué medidas va adoptar el Gobierno para exigir cumplir con la legalidad vigente al gobierno regional murciano?» y si «¿va a retirar AENA sus acuerdos con la Región de Murcia por esta ofensa a las víctimas del franquismo?».
El Gobierno, según Mulet, contestó por escrito ayer escuetamente. «En relación con el asunto interesado, se señala que la cuestión está actualmente en sede judicial», afirma el Gobierno en su respuesta. Por otro lado, se indica que el contrato firmado entre AENA Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A. y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se encuentra en vigor. Este contrato se formalizó el 24 de febrero de 2018 y tiene una duración de la concesión de 25 años.
Para Mulet, este tipo de respuesta demuestra una vez más que la ley de Memoria Histórica de 2007 «es completamente inútil» y que se ha «venido violando sistemáticamente y no existe ninguna sanción por incumplimiento, ya que no dispone de ningún régimen sancionador ni protocolos». «El Gobierno tiene mecanismos como rescindir el contrato de Aena con este aeropuerto por cambiar la denominación a un ilegal, y pasan absolutamente, y ni siquiera muestran distancia con este cambio insultante de denominación, dejándolo todo a su suerte judicial, suerte en la cual tampoco ha participado el Gobierno, convirtiéndose por omisión en cómplices», subraya Mulet.
