La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha coincidido con el Comité de Derechos Humanos de la ONU en que hubo «vulneración» de los derechos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios exconsejeros y ha considerado que su dictamen es resultado de la «judialización» en relación con Cataluña que hubo con el Gobierno de Mariano Rajoy.
La también secretaria general de Podemos, que en declaraciones a la prensa en Colmenar Viejo donde ha acudido a la exhumación de una fosa ha reconocido que se estaba enterando entonces del dictamen, ha considerado que «tiene que ver con las consecuencias del proceso de judialización que se vivió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que no fue solo un fracaso político evidente sino que también está teniendo consecuencias a nivel de vulneración de Derechos Humanos«, como demuestra lo ocurrido hoy.
«Esto me refuerza en que nuestra apuesta por el diálogo y la política era correcta y sigue siendo el único camino posible, avanzar en una mejor relación entre el conjunto de nuestro país y Cataluña», ha aseverado Belarra.
En un sentido similar se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su reunión con la Asamblea Ciudadana por el Clima. Díaz ha señalado leerá el dictamen «con muchísima atención» y solo después emitirá su «posición» al respecto.
Con todo, la vicepresidenta segunda ha defendido que «lo que está haciendo el Gobierno de España» apostando por el diálogo como «la única salida o los indultos que han salido adelante» es para ella «el camino correcto».
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión porque se hizo antes de que existiera una condena por el ‘procés’.
Llega a esa conclusión tras examinar la denuncia de los cuatro exdirigentes catalanes que, durante su detención preventiva, presentaron su caso ante el Comité alegando que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
