En el artículo 33 de la Constitución española está claramente consagrado el derecho a la propiedad privada, pero todo parece indicar que para quienes se dedican a okupar viviendas por todo el país, no existe ni esta ni ninguna otra ley que proteja a los propietarios, pues semana tras semana se hacen virales los videos de invasores que se apoderan de residencias privadas solo porque sí, solo porque pueden.
El más reciente reporte de la Organización Nacional de Afectados por los Okupas, en el país hay más de 120 mil viviendas tomadas por estos invasores, sin que las autoridades españolas hagan cumplir las leyes y miles de personas afectadas por la anarquía y las amenazas de estos invasores que bajo la excusa de que no tienen dónde vivir y no tienen trabajo, se apoderan de inmuebles de manera autoritaria.
El video más reciente que se ha hecho popular en las redes sociales muestra a un propietario con tres amigos que ingresan a una vivienda, a través del portal del garaje, para desalojar a una familia de okupas donde había por lo menos tres niños y tres personas adultas, en el momento en el que estaban disfrutando de un día de piscina.
El problema es que esta imagen se repite cada vez más, por muchos rincones del país, sin que hasta ahora ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto, ante las arremetidas de esta gente, que invaden viviendas en las zonas más exclusivas de todas las ciudades, donde no solo se afincan sin permiso, sino que causan destrozos y daños a las estructuras, sin contar las deudas que acumulan en las facturas de los servicios básicos, que usualmente suelen estar a nombre de los propietarios de los inmuebles.
De acuerdo con los registros del propio Ministerio del Interior, durante los primeros nueve meses de 2021 se reportaron por lo menos 13 mil casos de okupaciones, lo que significó que hubo 20% más casos reportados que durante el año de la pandemia ocasionada por la Covid-19. El ingreso a una vivienda, de esta manera es un delito que está contemplado en el Código Penal español como allanamiento de morada, pero por lo general, las autoridades no proceden, a menos que sea el propietario el que busque la manera de sacar a los okupas del inmueble, pues un proceso legal podría tardar años, antes de que un juez pueda decidir que estas personas deben salir de la vivienda okupada.
La semana pasada también se hizo popular un video en el cual se ve como una mujer invasora de un apartamento amedrenta a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, retándola y señalando que ella no saldrá del inmueble que invadió, hasta que no lo dijera un juez.
El gran problema de estas personas que se dedican a cazar inmuebles deshabitados para apropiarse, es que saben muy bien que, a menos que se trate de personas jóvenes, en la mayoría de los casos, los propietarios de las viviendas no tienen los medios para obligarlos a salir y que ni siquiera la policía los puede obligar a desalojar.
El tema de las okupaciones en España es uno de los puntos del calendario político, pues los partidos utilizan estos hechos para hacer las respectivas promesas de que defenderán el derecho a la propiedad privada en sus campañas, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, pues saben que es un típico sensible para quienes han sido y son víctimas de los anarquistas que se dedican a invadir viviendas.
En el caso del Partido Popular, lleva ya dos intentos para que se discuta una ley orgánica contra la ocupación ilegal. Los populares prometen que el escenario ideal sería propiciar el desalojo de estas personas de las viviendas, de manera inmediata o en un lapso no mayor a las 24 horas, con el aval de las autoridades y los cuerpos de seguridad del Estado, pues se trata un acto para impedir que se cometa un delito, de manera flagrante. Para el PP, es un exabrupto el hecho de que la responsabilidad de los desalojos recaigan sobre los propietarios, que son las víctimas de los okupas.
Algo más o menos similar ha querido impulsar Vox, pues proponen que se haga una reforma del Código Penal para que los cuerpos de seguridad del estado puedan actuar, sin tener que esperar que haya una orden judicial, lo que haría que los procedimientos sean más expeditos para los propietarios de las viviendas.
A fin de cuentas, son los propietarios quienes resultan más afectados ante toda esta situación y quienes se dedican a okupar inmuebles saben que siempre tienen las de ganar.
