El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha subrayado el trastorno que las reiteradas inspecciones de Hacienda causan en las empresas, incluso aunque no se detecte ningún fraude, e insiste en el «agravio comparativo» que la Comunidad sufre respecto a otras como Madrid donde la proporción de inspectores por empresa es menor.
García-Gallardo se ha reafirmado este lunes en su respuesta parlamentaria al Grupo Socialista respecto a la mayor proporción de inspecciones de Hacienda en Castilla y León y ha asegurado que la Junta «seguirá señalando a la Agencia Tributaria dependiente del Gobierno socialista» de España para que «deje de perjudicar» a la Comunidad y permita que ésta «exprima todo su potencial».
Durante un acto en Valladolid, el vicepresidente ha defendido también que el perjuicio de estas mayores inspecciones se da incluso aunque no haya defraudación alguna por parte de las empresas, pues obligan a tener a una persona de Administración pendiente de facilitar los documentos que solicita el inspector, de modo que la inspección «ya es una sanción en sí misma». Asimismo, apunta a que «provoca un desincentivo» a la hora de instalarse en la Comunidad frente a otras como Madrid, Navarra o País Vasco, con «una fiscalidad más favorable y menos inspecciones».
