A lo largo de este mes de agosto, y ante la urgencia, forzada vía reforma legal por el Gobierno, para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional, los contactos en el seno del Supremo se multiplican, máxime ante los descartes de figuras de cariz conservador que se antojaban idóneas.
Fuentes jurídicas consultadas explican que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha tocado ya varias puertas en los despachos del Palacio de Justicia –sede del Alto Tribunal– sin éxito. De hecho, aseveran que tanto el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, como el que fuera magistrado del ‘procés’ Antonio del Moral, y el instructor de esa misma causa, Pablo Llarena, habrían declinado el ofrecimiento para entrar en la terna de cuatro magistrados que han de llegar al Constitucional.
A pesar de que no está escrito negro sobre blanco en ninguna ley, sí es costumbre que quien recale en el TC tras ser elegido por el Consejo provenga del Supremo. Pero el hecho de que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al CGPJ realizar nombramientos –más allá de los dos del TC– haya derivado en una situación límite por falta de efectivos en el Alto Tribunal al no poder cubrir vacantes, lleva a algunas fuentes a pensar que quizá pueda llegar a saltarse esa regla no escrita.
«Quien se vaya deja otro hueco más que no se sabe cuándo se podrá llenar», explican estas mismas fuentes que añaden que, además, una vez renovado el TC, los partidos políticos concernidos –PSOE y PP– dejarán de tener prisa para lo realmente importante que es desatascar la renovación del CGPJ, que lleva desde 2018 en situación de interinidad.
Por eso, crece en el Supremo la idea, y ya se han pronunciado públicamente en diversos comunicados de la Comisión, de que lo realmente urgente no es abordar la renovación parcial del TC, que al fin y al cabo cuenta con magistrados suficientes –todos menos Alfredo Montoya que renunció al puesto por enfermedad–. Y se tilda de «trágica» la situación actual con Salas que poco a poco van decreciendo mientras los asuntos por resolver no paran de aumentar.
«DESCABEZAR» SALAS DEL SUPREMO
Dado que se barajan varios nombres tanto desde el ala conservadora como desde la progresista, las fuentes consultadas indican que suponen que finalmente no habrá problema para que en septiembre haya dos nombres con el suficiente apoyo –deben contar con el voto de 12 vocales–.
Pero puntualizan que los vocales deberían actuar con prudencia y no «descabezar» ninguna Sala del Supremo, porque esto agravaría la situación actual en el Alto Tribunal. Cabe recordar que por el ala conservadora, los vocales podrían estar valorando nombres como el del magistrado de la Sala de lo Civil Ignacio Sancho, además de los anteriormente citados.
Mientras que en el lado progresista, la lista de posibles candidatos es mayor e incluye nombres como el de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas –que es el encargado de controlar al CNI– y José Manuel Bandrés, y otros como el de Eduardo Espín, Ana Ferrer, Ángel Ramón Arozamena y los presidentes de la Sala Primera, Francisco Marín Castán, y de la Sala Quinta, Jacobo Barja de Quiroga. QUÉ PASA EN EL TC
En lo que coinciden distintas fuentes consultadas es en aseverar que cualquiera de los magistrados del Supremo tiene el perfil técnico, la capacidad y preparación necesaria para ocupar uno de los doce asientos del Constitucional, y consideran que esta vez no caben «trampas» y los dos candidatos deben salir del Alto Tribunal.
En el seno del Supremo hay además otras voces, más críticas, que se preguntan qué ocurre en el Constitucional para que magistrados ‘potentes’ del Supremo no quieran acabar recalando allí, y lo achacan por un lado a la imagen que da tanto voto particular en sentencias relevantes, y por otro a la percepción de que es un tribunal que funciona por cuotas.
Además, apuntan que el sector conservador del CGPJ «no está por la labor de precipitarse» –tiene en principio hasta el 13 de septiembre– y consideran que quien tiene interés real en esa renovación del TC es el sector progresista.
EL FUTURO PRESIDENTE DEL TC
Mientras se cocina al calor de agosto quienes serán candidatos al TC –los del Gobierno en principio serán dos catedráticos para asegurar una cuota de académicos–, se empieza a hablar ya sobre quién ocupará el sillón de la Presidencia del tribunal de garantías constitucionales.
Cabe recordar que una vez renovado, salen del pleno del TC el actual presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.
El relevo que las fuentes consultadas ven como más probable es el del magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido. Pero en los últimos días ha cobrado fuerza otra posibilidad, y es que la magistrada –también– progresista, María Luisa Balaguer, decida dar un paso al frente y presentar candidatura para optar a esa presidencia.
Fuentes del Constitucional ven esta opción alejada de la realidad porque la magistrada nunca se ha interesado por la gestión interna del tribunal –labor «completamente ajena a su experiencia académica»–, y apuntan que el hecho de que haya salido a relucir su nombre se debe a que hay interés en crear nuevos problemas porque la renovación del tribunal ya no se puede evitar.
Otras fuentes en cambio ven en Balaguer un perfil adecuado para presidir el TC porque es académica catedrática de Derecho Constitucional y porque tiene firmes convicciones feministas. Además, subrayan que un punto a su favor es que no se obsesionará con la idea de ser presidenta, y puede ser una opción bien vista por el sector conservador. Con todo, consideran que la magistrada sólo decidirá si opta a la presidencia cuando conozca quiénes son los cuatro nombres que entrarán en el pleno del TC.
