El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha acordado pasar a procedimiento abreviado la pieza número 3 –proyecto Land– del ‘caso Tándem’ en el que se investiga el supuesto encargo al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo de labores de espionaje en el marco de la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’.
El juez de la Audiencia Nacional considera que hay indicios para juzgar a Villarejo, a su esposa, a su socio Rafael Redondo, al excomisario Enrique García Castaño, a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente, por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
También cree que hay indicios para juzgar a las mercantiles ‘La Finca Global Assets sl’, ‘La Finca Somosaguas Golf sl’ y ‘La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios’, que surgieron tras la disolución de Procisa y en cuya administración continúan García-Cereceda y Peñalver, por un delito continuado de cohecho y múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Según explica el juez en el auto, en esta pieza del conocido también como ‘caso Villarejo’ se han investigado las actuaciones del comisario en torno a la promotora Procisa. Dos de los investigados, Francisco Peñalver y Susana García-Cereceda, promotores de la urbanización de lujo ‘La Finca’, así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre en qué situación había quedado la inmobiliaria tras la muerte de su presidente.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, García-Castellón apunta que los hechos que motivaron la causa nacen de la crisis que sufrió Procisa con motivo de diferentes procedimientos judiciales. Tanto García-Cereceda como Peñalver y el jefe de seguridad querían averiguar la situación del resto de los herederos del grupo, y por eso contrataron al Grupo Cenyt, que es el entramado empresarial detrás del cual operaba el comisario Villarejo.
El encargo de esas averiguaciones recae, según el juez, en Villarejo y en su socio Rafael Redondo, y apunta que los servicios contratados iban más allá de un estudio sobre la rentabilidad de la empresa Procisa, ya que de los materiales intervenidos en los registros de los domicilios de Redondo y de Villarejo se desprende que hubo conversaciones en las que el comisario facilitaba información a los contratantes «sobre la vida privada de Yolanda García Cereceda, Jaime Ostos Alcalá, Joaquín Torres –el arquitecto– o Silvia Gómez Cuétara».
LOS «MEDIOS ESPURIOS» DE VILLAREJO
El comisario recabó información sobre los teléfonos que utilizaban, con quién hablaban o con qué personas se relacionaban. Y el juez apunta que los contratantes de Villarejo tenían conocimiento de «los medios espurios» usados por el comisario, a tenor de las conversaciones entre ellos.
Además, apunta que de lo incautado en los registros policiales en el marco de la pieza principal del caso ‘Tándem’ se constata que tanto Villarejo como su socio ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis, «que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado» como tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social.
A esto añade que los administradores de la inmobiliaria Procisa, García-Cereceda y Peñalver, al contratar los servicios del comisario entre 2012 y 2014 conocían «su condición policial» y aun así le contrataron para «servicios de inteligencia, análisis de información e intoxicación informativa de medios de comunicación.
El objetivo, recuerda García-Castellón, era obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar al patrimonio y la reputación de Procisa y de sus administradores.
El juez apunta que durante esos trabajos para Procisa, Villarejo estaba destinado en comisión de servicios en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía y que se valió de dicho cargo para «obtener información de carácter reservado» que analizaría y vendería a sus clientes bajo la denominación de ‘Proyecto Land’.
Recuerda al hilo que en esos trabajos participaron otros miembros del Grupo Cenyt, «integrantes de la organización criminal que dirigía», y añade que ese delito es objeto de investigación en la Pieza Principal de la presente causa. Cita expresamente a «sus subordinados» Gemma Isabel Alcalá –su esposa– y a Rafael Redondo –su socio–.
Por otro lado, respecto a la participación del directivo de Procisa Eduardo García-Cerceda en la relación del grupo con Villarejo, el juez apunta que si bien existen indicios de que conocía la contratación de Cenyt, «no existen elementos suficientes para sostener que conociera la participación del comisario, su condición de policía o el carácter ilícito de los servicios contratados. Por este motivo, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa contra él.
EL PAPEL DE GARCÍA CASTAÑO Y EL PRECIO DEL ENCARGO
En cuanto al papel del entonces Comisario Principal Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, el juez señala que facilitaba el tráfico de llamadas de los investigados a Villarejo, y le encuadra como «integrante de la organización criminal».
Según la instrucción, García Castaño habría recibido a cambio de esa información dádivas que, previamente, Villarejo ya habría repercutido en el precio de los servicios «dado su eminente carácter ilícito». El juez añade que García Castaño no fue el único funcionario público que colaboró facilitando información al comisario Villarejo.
El precio por los servicios prestados por Cenyt a Procisa se fijó en 275.000 euros más otros 150.000 euros en caso de «rentabilización de los resultados». El juez señala que la investigación arroja que Procisa habría pagado 340.252 euros entre julio de 2013 y febrero de 2014 «de forma opaca en los términos pactados a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de servicios ficticios».
A esto, se suma la cantidad de 21.830 euros que la inmobiliaria abonó a Villarejo en 2012 por un informe de inteligencia sobre el perfil patrimonial, financiero y de solvencia de las sociedades CADBE SL, CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES SL, HOGAR ÚTIL e IMCE 87 en el que se plasmarían datos financieros de CADBE S.L de acceso restringido, como deudas hipotecarias.
INVESTIGÓ A UNA MAGISTRADA
A este respecto, el juez indica que se desconoce como obtuvo esa información el comisario, aunque recalca que fue un ilícito. Procisa quería recabar así información sobre esas empresas de cara a la eventual ejecución provisional de la sentencia por la que se condenaba a la inmobiliaria al pago de 34.657.380 euros más intereses a éstas.
Además de estas cantidades, también habrían pagado a Villarejo, aunque se desconoce la cuantía, por información personal, familiar y profesional de la magistrada que falló en contra de Procisa y del letrado de las mercantiles demandantes en ese procedimiento.
Según la investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos, el pago a Villarejo se hacía a través de tres cuentas bancarias. El examen arroja hasta cinco abonos por un importe total de 340.252 euros.
