El Gobierno, que en la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) debe proponer a dos candidatos, baraja decantarse por catedráticos de reconocido prestigio para que la representación académica no quede minimizada en la mesa de doce magistrados, según explican fuentes jurídicas.
Con esta decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejaría fuera de su propuesta los nombres de dos magistrados que hasta ahora sonaban como posibles candidatos, el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer.
Estas mismas fuentes adelantan que esta decisión del Ejecutivo vendría motivada porque ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que debe consensuar los otros dos nombres en septiembre– optaría (si bien es una norma no escrita) por llevar al TC a dos magistrados del Supremo.
Asimismo, recuerdan que los gobiernos socialistas, por norma general, suelen nombrar a catedráticos y no a miembros de la carrera judicial, y ponen de ejemplo el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien en su mandato nombró a Manuel Aragón y al ya fallecido Pablo Pérez Tremps, ambos catedráticos de Derecho Constitucional.
EL BAILE DE NOMBRES
Si bien estas fuentes indican que de momento no hay sobre la mesa ningún nombre –es prematuro, todavía está «crudo»–, sí que apuntan que hay muchas candidaturas de catedráticos y catedráticas de Constitucional, Laboral, Administrativo e Internacional.
Sin embargo, otras fuentes consultadas sí que apuntan que la candidatura de Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), cobra peso sobre el resto. Gómez ya sonó como posible candidata al TC en la última renovación que se produjo en noviembre de 2021.
En cualquier caso, después de que el Senado aprobara definitivamente la proposición de ley impulsada por el PSOE para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de modo que el CGPJ pueda nombrar a sus dos magistrados del TC, el baile de posibles candidatos ha empezado en la sede del órgano de gobierno de los jueces.
De hecho, fuentes del CGPJ indican que a pesar de que agosto será «muy largo» y de que es prematuro aventurar nada porque no hay nombres ya cerrados, sí que están sobre la mesa propuestas tanto de corte conservador como progresista.
En concreto, por el ala conservadora, los vocales podrían valorar los del magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo Antonio del Moral –participó en el juicio del ‘procés’– y del magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo Ignacio Sancho.
En el lado progresista la lista de posibles candidatos es mayor, aunque varias fuentes coinciden en dos propuestas: los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas –que es el encargado de controlar al CNI– y José Manuel Bandrés. A estos se suman otros como Eduardo Espín, Ángel Ramón Arozamena y los presidentes de la Sala Primera, Francisco Marín Castán, y de la Sala Quinta, Jacobo Barja de Quiroga.
En cualquier caso, las fuentes consultadas sí que confían en que la renovación de los cuatro magistrados del TC se produzca en septiembre a pesar de que hay un sector del CGPJ que afea al Ejecutivo haber utilizado al Poder Judicial como «actor político». Entienden que un grupo de 12 vocales para apoyar los nombres habrá, si no es el mismo 8 de septiembre sí en una segunda vuelta, y fuentes conservadoras fían el acuerdo a que se proponga un nombre de cada sensibilidad.
EL EQUILIBRIO EN EL TC
De ser así, tras la renovación de este tercio de magistrados, en el TC entrarían tres progresistas (los dos del Gobierno y uno del CGPJ) y un conservador (del CGPJ) por lo que el equilibrio de fuerzas en el tribunal de garantías se vería modificado en favor de los progresistas. Máxime tras la renuncia al cargo por motivos de salud del magistrado Alfredo Montoya, que dejaría la balanza en siete progresistas por cuatro conservadores para dirimir asuntos pendientes de gran calado social como el recurso del PP a la ley del Aborto.
Con todo, esa renovación del TC aun está por llegar, y en caso de que se encuentre algún escollo en el camino, puede ocurrir que el Gobierno se decante por intentar nombrar a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ.
Ahí se abriría otro frente jurídico importante porque fuentes del TC ya advierten de que aunque el Ejecutivo optara por proponer y nombrar a los suyos, estos no pueden sentarse a la mesa del TC hasta que el CGPJ haya propuesto a los suyos.
De hecho, estas fuentes recuerdan que hay precedentes significativos, como cuando el Ejecutivo de José María Aznar no nombró a los suyos por ser periodo electoral y el CGPJ sí, y esos dos magistrados debieron esperar a que el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero eligiera a sus dos candidatos para que se procediera a la renovación.
