La Real Federación Española de Caza ha criticado la decisión del Gobierno que «sin explicación técnica» margina su actividad frente a otros deportes federados en la Fase I, al tiempo que le ha enviado al Gobierno el informe ‘Impacto Económico y Social de la Caza’ elaborado por Deloitte y Fundación Artemisan.
De acuerdo con la orden dictada por el Ministerio de Sanidad para la fase 1 de la desescalada en la crisis del coronavirus, el Gobierno ha excluido la caza y la pesca deportiva de este periodo de vuelta a la normalidad. Sin embargo, sí se permite la práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros.
En concreto, el Boletín Oficial del Estado señala en el artículo referente a los desplazamientos permitidos para la práctica de la actividad física, especifica: «A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no profesional de los deportes individuales que no requieran contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5. No se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la pesca y caza deportiva».
Tras la publicación de la orden ministerial, la Real Federación Española de Caza (RFEC) solicitó este sábado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que incluya la caza dentro de las actividades que se pueden practicar en la Fase I de la desescalada, porque su exclusión «no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública.
«Supone marginar a los cazadores frente a otras actividades deportivas de ocio y naturaleza, además de favorecer el incremento de daños a los cultivos, riesgos de accidentes de tráfico y problemas sanitarios de la fauna silvestre», denuncian.
En este contexto, la RFEC ha presentado a Sanidad un protocolo de práctica segura de la caza para reforzar su inclusión en la Fase I y el informe ‘Impacto Económico y Social de la Caza’ donde se constata la importancia del sector en la reactivación del entramado socioeconómico del mundo rural y de las empresas relacionadas.
Este domingo, el ministro Illa anunció que el Ejecutivo va a estudiar su posible inclusión de esta actividad en la fase I. En la ‘Guía de buenas prácticas para el cazador ante la pandemia del COVID-19’, realizada por la RFEC y la Fundación Artemisan, se explican una serie de pautas para afianzar la práctica segura de la actividad cinegética en esta época del año, que ya de por sí no supone ningún riesgo de contagio de coronavirus al realizarse al aire libre e individualmente.
Asimismo, le han entregado el informe ‘Impacto Económico y Social de la Caza’, realizado por Deloitte y Fundación Artemisán para que Illa tenga una «radiografía detallada» de la importancia del colectivo en la reactivación del entramado socioeconómico del mundo rural y de las empresas relacionadas, directa o indirectamente, con el sector cinegético. Se trata de un papel «relevante» que refuerza la necesidad de reanudar lo antes posible la caza, y la pesca, en las provincias que pasen a la Fase I.
