Para los migrantes venezolanos los estragos causados por las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no acaban cuando por fin logran instalarse en los nuevos países que los reciben, pues además de todo lo que conlleva la migración, deben lidiar con todas las barreras impuestas por el régimen venezolano para poder conseguir los documentos de identidad que les permiten regularizar sus estatus en los países a los que llegan.
Esto ha sido una medida de presión que desde hace años ha ejercido el régimen, que tramita, a través de las representaciones consulares, los documentos de identidad, que cada vez tienen costos más elevados y cuyos trámites los dilatan al máximo. El botín más reciente para el chavismo es la tramitación de los antecedentes penales; un documento indispensable para todo venezolano que debe tramitar algún tipo de residencia en los países a los que han emigrado.
De acuerdo con la Gaceta Oficial Venezolana, que es el equivalente al Boletín Oficial del Estado (BOE), tramitar el documento de los antecedentes penales, las personas tendrán que pagar al Ministerio del Interior Justicia y Paz venezolano una tasa de entre 10 y 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor de acuerdo con la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela.
Esta información fue publicada en la Gaceta Oficial 6712, del pasado 20 de julio de 2022, en la Ley de Registro de Antecedentes Penales, en su artículo 15, donde además se establece que será el Ministerio del Interior venezolano que, mediante un decreto, fije la tasa que tendrán que pagar las personas para poder obtener este documento.
En el caso de los venezolanos que se encuentran en España, ya no solo tendrán que pagar los 50 euros en efectivo que les exigen por la tramitación de cualquier documento, sino que tendrán que pagar la nueva tasa que fije el Ministerio del Interior, en divisa, a pesar de que ese país tiene un férreo control de cambio desde 2003 y una dolarización de facto, que le ha servido al régimen para lavar dinero, pues la moneda local, que es el bolívar, está devaluada.
Evidentemente esta es otra estrategia del régimen de Nicolás Maduro para obtener recursos de quienes se encuentran fuera del país, pues de acuerdo con organismos internacionales, como ACNUR, en la actualidad hay 6.7 millones de venezolanos desplazados en el mundo, a consecuencia de las condiciones políticas y económicas en las que el chavismo sumió al país desde hace más de dos décadas.
Esto se suma al costo que tiene el pasaporte para los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país, pues este documento se encuentra en la lista de uno de los más caros del mundo, porque para tramitarlo, los ciudadanos del país latinoamericano tienen que pagar 180 euros, más el «impuesto» consular, que es de 80 euros adicionales, por lo que al final, para obtenerlo, las personas deben pagar 240 euros, aproximadamente.
Y ya no se trata solo del costo que deben pagar los venezolanos para obtener un documento de identidad, que ya es bien elevado, sino de los tiempos de espera para que pueda llegarles a los países a los que han tenido que emigrar.
En el caso de España, el trámite puede tardar entre ocho meses y un año, desde el momento en que la persona ingresa a la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano (Saime), para hacer el pago y solicitar la cita.
Solo este trámite de asignar una cita para tomar la fotografía y hacer la verificación de las huellas dactilares puede tardar entre tres y seis meses, contados a partir del día que se hace el pago, de acuerdo con lo que señalan los venezolanos que todos los días hacen largas filas a las puertas del consulado venezolano. Posteriormente, el la espera para que el documento sea impreso y llegue a España puede tardar entre seis y ocho meses más, según la temporada.
Esto sin contar que recientemente el sistema de la página del Saime presentó una falla durante más de 20 días, que paralizó la atención no solo en España, sino en Venezuela y el resto de los países donde hay representación consular del país suramericano y que de acuerdo con lo dicho por las autoridades venezolanas, la fala se debió a «un bloqueo tecnológico», aunque solo explicaron lo sucedido un par de días antes de restablecer el servicio.
Al final, el régimen de Nicolás Maduro ha conseguido hacer un nuevo negocio, para beneficiarse de la migración que él mismo ha forzado, porque sabe que documentos como el pasaporte y los antecedentes penales son imprescindibles para todas las personas que se encuentran fuera de su país, y sabiendo que durante años, a muchos los ha mantenido indocumentados por largos periodos, por todas las trabas para que puedan tramitar los documentos y los tiempos que tardan en enviarlos a los consulados.