El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará en su Pleno del próximo jueves sobre la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, como parte del trámite de audiencia establecido legalmente.
«El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial», ha informado el CGPJ en un comunicado.
Arranca así un proceso para que dicho nombramiento se haga efectivo que continuará con la comparecencia de García Ortiz en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El ordenamiento jurídico establece que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Además, las leyes señalan que el cargo está reservado para juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, requisitos que el CGPJ comprobará que se cumplen en el caso de García Ortiz.
Es el actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), cargo desde el que ha ejercido de persona de máxima confianza de Delgado, quien este martes ha anunciado su renuncia por motivos de salud tras someterse a una operación de columna vertebral que no la ha dejado en las condiciones físicas requeridas para el puesto, según ha explicado en un comunicado.
Ahora fiscal de sala, García Ortiz ingresó en la carrera fiscal en 1998. Fue coordinador de la entonces Adscripción de Menorca entre 2000 y 2002, cuando fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. Allí fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma.
Posteriormente, fue designado fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007, a nivel provincial y autonómico, hasta marzo de 2021.
De su carrera profesional, destaca su amplio conocimiento en temas medioambientales. Las fuentes consultadas subrayan no solo su rol como fiscal del ‘caso Prestige’ sino también que es uno de los mayores expertos del Ministerio Público en incendios forestales.
