Si preguntas a cualquiera de los dos partidos, la conclusión es la misma. La renovación del Consejo General del Poder Judicial no se producirá, como pronto, hasta 2024. Tanto el PSOE como el Partido Popular esgrimen razones distintas a la hora de explicar el porqué, pero lo cierto es que la conclusión es evidente y se comparte incluso en el seno del CGPJ: no habrá renovación hasta pasadas las elecciones generales. La pequeña ventana que se abría este verano con el Tribunal Constitucional se ha cerrado de golpe por la incapacidad de ambas formaciones para ponerse de acuerdo en los nombres de los vocales. Ahora, con una alternativa legal que ha indignado a todos los integrantes del Consejo en marcha, todos dan por hecho que este será el CGPJ más largo de la historia.
Lleva en funciones desde diciembre de 2018. Y seguirá así al menos hasta diciembre de 2023. Hablamos de cinco años que probablemente se alarguen si Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, siguen sin ponerse de acuerdo. La desidia ya impera por los pasillos del CGPJ y nadie tiene fe en que vaya a cambiar este bloqueo de aquí a antes de las elecciones. Desde los partidos, desde ambos, deslizan a MONCLOA.com que los contactos han desaparecido y que ya nadie de las formaciones habla sobre posibles presidentes del Tribunal Supremo o sobre hipotéticos vocales. Es cierto que la Constitución refleja que se debe renovar el CGPJ, pero no especifica las consecuencias de que no se haga. Y por lo visto parece ser que no pasa nada por mucho que la UE también presione.
no habrá renovación hasta después de los comicios
Desde el PSOE entienden que uno de los mayores problemas para acordar la renovación han sido las pretensiones de Podemos y de ERC o el PNV de colocar vocales a discreción. El PP no veía con buenos ojos que un partido trufado con los líderes del procés tuviera ojos y oídos en el Pleno del CGPJ o que Podemos llevara al Consejo General del Poder Judicial a magistrados afines que no gozan de su confianza. Esto es lo que cree el PSOE. En el PP consideran que, aunque el PSOE sea el único con el que negociar, es necesario implementar alguna reforma que dé más independencia a los jueces a la hora de elegir quiénes componen su propio gobierno. Sea como sea, toda esta batería de excusas ha llevado al puerto que todos conocen: no habrá renovación hasta 2024.
Pilar Teso se quedará con las ganas de ser presidenta del Tribunal Supremo y Carlos Lesmes puede prepararse la foto para salir en el libro Guiness de los Records tras conseguir ser el presidente que más tiempo ha estado en el cargo. Este es el resumen. Aún así, el PSOE se guarda una bala en la recámara que no gusta absolutamente nada a los propios vocales del CGPJ y a la mayoría de los magistrados: que se elijan los nuevos vocales con una mayoría absoluta (y no con tres quintos de la cámara) estos nuevos nombres. Si se sacase adelante, el Gobierno podría cambiar de forma completa el CGPJ simplemente con la mayoría de la investidura o de la moción de censura, es decir, con ERC, PNV, EH Bildu y Unidas Podemos. Un escenario que no gusta nada al Partido Popular.
Alberto Núñez Feijoo y los suyos, por su parte, no están en contra de renovar el CGPJ con las normas actuales, pero sí que entienden que dadas las circunstancias y a las alturas a las que nos encontramos es mejor esperar a las elecciones que dar el gusto a Pedro Sánchez de colocar a Pilar Teso como presidenta del Supremo. Desde el PP no niegan que vayan a pactar con el PSOE la renovación del CGPJ cuando toque, pero sí que se aferran a la misma excusa a la que en su momento se agarró Pablo Casado para ganar tiempo y llegar a esa negociación con más diputados en el Congreso. Puede parecer una actitud oportunista, pero lo cierto es que fuentes de Génova lo dejan claro: «no tiene sentido renovar ahora. Mejor esperar», aseguran.
Y la pregunta que se hacen algunos en los partidos es ¿por qué no dimiten los vocales? Ellos sí que podrían hacerlo si quisieran (aunque queda claro que ninguno de ellos está por la labor). El único que no puede presentar su dimisión es el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a quien algún que otro partido ha presionado con este asunto, porque tiene la obligación de dar continuidad a la institución. Sin el presidente, no habría institución. Por no hablar de que si presentase su dimisión estaría entrando en terreno pantanoso dado que está penado por el Código Penal con un delito llamado «abandono de funciones públicas». De hecho, Lesmes ha sido el primero en devolver las presiones de los partidos a las formaciones políticas para exigirles que dejen a un lado sus intereses políticos y cumplan con la Constitución. Algo a lo que el PP en especial ha hecho oídos sordos.
