El Gobierno tiene claro que su prima de riesgo es el precio de la gasolina y de la energía, que a su vez empujan la inflación a cotas que no se veían desde 1985. Esto es un problema que llevan tiempo debatiendo en Ferraz porque entienden que el PSOE no se puede presentar a las elecciones con una inflación galopante que ya ha superado en junio el 10%. El 2023 es el año electoral por excelencia para Pedro Sánchez y desde Moncloa ya están urdiendo un plan para contener los precios disparados. La idea que tienen en el Gobierno, maquinada especialmente por el departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, es el de fomentar que se suban los tipos de interés, algo que teledirige el Banco Central, así como que se reduzca la compra de deuda. Un plan que básicamente pretende reducir el consumo para forzar que bajen los precios. Lo importante son los datos macroeconómicos, no la realidad de los españoles. Y el PSOE está en eso.
Esto es un plan que también contempla la UE y que los socios comunitarios están dispuestos a ejecutar lo antes posible, pero desde Moncloa tienen algo de prisa porque se vean los resultados. La inflación ha vuelto a dar una mala noticia al Gobierno de España. Tan mala que junio ha superado las dos cifras llegando al 10,2%, la mayor en 37 años. Desde el Ejecutivo ven, tal y como deslizan fuentes solventes de Moncloa, «letal» presentarse a las elecciones con una inflación galopante como esta a los comicios de 2023. Si ya será complicada la empresa socialista en las elecciones autonómicas, municipales y generales por la erosión que arrastra el equipo del líder socialista, ir con la inflación disparada empujada por una gasolina a más de dos euros el litro y una energía disparada sería «la muerte política» para el PSOE. De ahí que estén trabajando con la UE para aplicar «lo que sea necesario» para contener la inflación.
Lo primero que se prevé aplicar es subir los tipos de interés
El Gobierno tiene un plan sencillo que es el impuesto por Europa y revalidado por el Banco Central Europeo. La idea es que los ciudadanos tengan menos dinero que gastar para que reduzcan el consumo y así obliguen a las empresas a bajar los precios. Vamos, un reajuste que pasa por cortar el grifo a los ciudadanos a través de los créditos bancarios especialmente. Lo primero que se prevé aplicar es subir los tipos de interés para que los préstamos sean más caros y así se reduzca el dinero que circula. Lo segundo es reducir las compras de deuda. El objetivo es que se corte la inversión, el dinero en manos de particulares y la liquidez de la mayoría de las empresas. La consecuencia inmediata es que se reducirá el consumo y así se cortará de raíz la galopante inflación que no hay quien controla.
Ya el argumento del Gobierno de que estos precios disparados son consecuencia de la guerra de Ucrania no convencen a muchos dado que el ascenso empezó antes de la invasión por parte de Rusia. Los gráficos son evidentes y no acompañan el argumento oficial que esgrime el Gobierno. Además, el equipo de Calviño ha identificado la luz y la gasolina como los principales motivos por los que se han disparado los precios. Con estos elementos, el Gobierno sopesa otras alternativas para contener la inflación. La excepción ibérica era una de ellas, pero no ha funcionado como se esperaban. Y ahora esperan meter mano al carburante de otro modo: apoyando el transporte público con una rebaja del abono del 50% y confiando en que la ayuda al transporte aplacará la principal amenaza que se cierne este verano sobre el Gobierno. Eso siempre que el precio del carburante no supere los 3 euros el litro.
Las medidas que prevé aplicar el Gobierno tienen una parte buena que desde Moncloa, informan fuentes del Ejecutivo, pretenden explotar con vehemencia. El hecho de que sea una iniciativa europea motivada por el Banco Central Europeo capitaneado por Christine Lagarde dará la excusa a nivel de comunicación a Moncloa para achacar el encarecimiento de los créditos a Europa. Lo mismo con la subida de tipos de interés. El problema es que hay voces en el PSOE que entienden que esto será la antesala de una crisis económica.
La idea que tienen en el Gobierno es la de simplemente maquillar los resultados oficiales para así presentarse a las elecciones sin lo que consideran que es su «prima de riesgo». De momento, las huelgas las han contenido. Todas menos las del transporte. Las cifras del paro también han conseguido maquillarlas y además acompañadas de unos contratos indefinidos numerosos. El problema que le queda por resolver es la inflación. Las cuentas del Gobierno son complicadas a la hora de prever cuándo bajarán los precios, hasta el punto de que han forzado la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística porque no les convencían sus predicciones. Pero lo cierto es que esperan que de cara a abril del 2023 los porcentajes que tantos titulares ocupan sean mucho más bajos.
