La Audiencia Nacional ha hecho la notificación oficial de que entre los días 11 y 14 de julio se podría concretar la entrega de Ernesto Luis Quintero Méndez, el venezolano que está detenido en la prisión de Soto Real desde febrero de 2021, porque está solicitado por las autoridades venezolanas por su presunta vinculación con una red que supuestamente vendió títulos de valores de sus clientes a una empresa del mismo grupo económico, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, sin la autorización de los afectados.
Sus abogados tienen más de un año y medio batallando para que no sea enviado a Venezuela, pues aseguran que es completamente inocente. En el país caribeño lo vinculan con un presunto caso de estafa cometido por la compañía ABA Mercados de Capitales Casa de Bolsa y los delitos que le imputan son: estafa, apropiación de fondos de valores y legitimación de capitales.
La comunicación que llegó a España, enviada por las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Caracas (OCN), dirigida a las de Madrid, señala a las autoridades del país que se estudie la aprobación del traslado, para que puedan enviar el itinerario y los datos de los pasaportes de los funcionarios que acudirían a recogerlo.
«Nosotros sabemos que Ernesto es completamente inocente y que no sabemos lo que le pueda pasar si se lo entregan a Venezuela. En nuestro despacho lo estamos defendiendo pro bono, porque ni él ni su familia tienen recursos y hasta han tenido que pedir a las autoridades españolas ayudas para poder vivir», expresó el abogado Ismael Oliver hijo, quien hace parte de la defensa.
¿Desatenderá el Gobierno de Pedro Sánchez la petición del Congreso de los diputados de frenar la extradición de Ernesto Luis Quintero Méndez? El detenido puede llegar a convertirse en un preso político más, como los más de 300 que permanecen en los calabozos venezolanos, donde han torturado y hasta asesinado a otros presos políticos.
A finales de mayo una representación del Partido Popular presentó una moción ante el pleno, que fue aprobada por unanimidad, en la cual solicitaban al Gobierno de Pedro Sánchez la suspensión de la extradición de Rolando Figueroa y Ernesto Quintero, para quienes solicitaron además que se les apruebe el asilo político, que en el caso de Quintero le ha sido negado en dos oportunidades.
Tras la aprobación de esta moción en el Congreso de los Diputados, la defensa intentó que la situación de ambos venezolanos fuera debatido en un Consejo de Ministros. Los abogados advierten que, si bien es cierto que la moción aprobada en el Congreso no es vinculante jurídicamente, esa intervención de los diputados es una representación de todos los españoles, que debería ser, como mínimo, escuchada y atendida.
El abogado Ismael Oliver indicó que en este momento es muy difícil que logren suspender la decisión de extraditarlo a Venezuela, porque en esta oportunidad la información enviada por Interpol Caracas es muy precisa, tal como ocurrió hace meses atrás, cuando habían venido por él, pero Quintero dio positivo para Covid-19 y por lo tanto no se puedo ejecutar el traslado.
El jurista indicó que se dirigirán nuevamente a la Defensoría del Pueblo para buscar un nuevo pronunciamiento y que en los próximos días recurrirán ante la Audiencia Nacional con un recurso en lo contencioso administrativo sobre la segunda solicitud de asilo que les fue negado, solo para tratar de ganar algo de tiempo y evitar que se concrete la entrega de Quintero a las autoridades venezolanas.
Cuando en febrero de este año se dijo que se iba a ejecutar la extradición y llegó a España una comisión de funcionarios policiales venezolanos para concretar el traslado, Cismary Quintero, la esposa del detenido hizo una huelga a las puertas del Congreso, para pedir apoyo del Gobierno Español y de los parlamentarios, que fueron los únicos que atendieron el llamado.
Ernesto Quintero está en territorio español desde noviembre de 2018, pero no fue sino hasta octubre de 2020 que la Sala de lo Penal – Sección 4 de la Audiencia Nacional decidió que era procedente su solicitud de extradición que estaba activa en Venezuela desde 2018. Esta decisión fue posteriormente aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en un Consejo de Ministros que se celebró en enero de 2021 y por eso fue que en febrero de ese año lo metieron en prisión para concretar la entrega.
Antes de que se le diera curso a esta decisión dentro del Gobierno, en enero de 2019 le habían negado la primera solicitud de asilo político, pues las autoridades españolas consideraron que en este caso no había una motivación política en la petición de extradición que hacían las autoridades venezolanas.
La defensa de Quintero dispone apenas de unos pocos días para intentar todos los recursos legales que crean conveniente, para tratar de que se suspenda su entrega a Venezuela y que por fin le concedan algún tipo de protección en España que impida que más adelante pueda ser extraditado al país suramericano.
