Las prisiones españolas se han convertido en una penosa realidad que a la sociedad poco le importa, porque todo lo que va a parar en ellas es justamente lo que nadie quiere ver: homicidas, violadores, ladrones, terroristas, estafadores… en fin, personas que no son precisamente los más útiles a la sociedad, pero al final son los funcionarios de las prisiones, quienes deben batallar todos los días para mantener la «normalidad» en estos centros y denuncian que durante los últimos años los centros penitenciarios se han convertido en centros psiquiátricos, sin psiquiatras.
Este señalamiento lo hacen a propósito de las agresiones de las que son víctimas los funcionarios, debido al incremento en el número de reclusos con patologías psiquiátricas con los que deben lidiar , sin haber recibido ningún tipo de formación que les permita controlar estas situaciones, de manera profesional y óptima, lo que además los coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo.
Señalan que las prisiones no son los lugares más adecuados para recluir a estas personas con enfermedades mentales y denuncian que constantemente ocurren alteraciones provocadas por estas personas que se les escapan de las manos, por no estar debidamente capacitados. De acuerdo con las estimaciones, no oficiales, hechas por el gremio, se dice que por lo menos el 30% de los reclusos que hay en todo el país padecen algún tipo de condición psiquiátrica que requiere atención y que no son evaluadas por las autoridades del Ministerio del Interior, quienes desestiman constantemente la situación y hacen de las cárceles del país simples depósitos de personas con problemas con la sociedad.
Estas alteraciones, advierten, los obliga a intervenir y en la mayoría de los casos terminan lesionados por los reclusos. Esta información se desprende de un informe elaborado por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), en el cual detallan la situación de las agresiones de las que son víctimas, al tratar directamente con reclusos de baja, mediana y alta peligrosidad durante sus jornadas de trabajo.
«Hemos de partir de un hecho objetivo de que las personas presas con trastornos mentales
no son más violentas que la población en general, siempre que sigan un tratamiento apropiado y tengan un seguimiento médico especializado», expresa el informe compartido por la APFP, pero advierten que el problema es que en los centros de reclusión no hay profesionales de la psiquiatría que se encarguen de garantizar que estas personas reciben los tratamientos adecuados para evitar los brotes de violencia y las situaciones de agresividad que se registran con relativa regularidad.
Los funcionarios atribuyen la situación a la lamentablemente gestión de los responsables de la Administración Penitenciaria, específicamente al Ministerio del Interior, cuyas autoridades han convertido las prisiones en psiquiátricos, pero sin la dotación del personal y el equipamiento necesario para atender las constantes situaciones de violencia que se registran.
El reporte elaborado por los funcionarios señala que en la mayoría de los casos, los reclusos que presentan conductas agresivas por enfermedades mentales, son producto de las adicciones al alcohol, drogas, opioides y sustancias psicoactivas. «Es muy habitual el consumo desmesurado de refrescos de ‘coca-colas’ para el incremento de los efectos tóxicos, que si lo unimos a que muchos de ellos padecen insuficiencia hepática lo que puede aumentar las concentraciones de droga en la sangre y cuyo consumo conjunto puede aumentar el riesgo de accidentes, lesiones y sobredosis. Los programas de tratamiento con ‘metadona’ son cada vez más requeridos entre la población con hábitos de drogas», dice el informe.
Otras de las circunstancias que se presentan es que, producto de los brotes psicóticos de los reclusos, otros acaban incendiando sus celdas, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino las de los demás reos, muchas veces a consecuencia del consumo de estupefacientes que les producen alucinaciones.
De hecho, destacan que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, admitió en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados que por lo menos el 30% de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones estaban asociadas a situaciones irregulares con reclusos que padecen enfermedades mentales o discapacidad intelectual, pero los funcionarios penitenciarios destacan que jamás hizo referencia a que una vez que ocurren estas agresiones, los internos no pueden ser sancionados y se convierten en personas inimputables, debido a que comenten las agresiones a consecuencia de sus enfermedades mentales, por lo que la única medida que procede contra ellos es simplemente una “medida de seguridad” ordenada por los tribunales penales.
Para los funcionarios, otro aspecto grave es el hecho de que cada vez que se detectan estos casos de reclusos con enfermedades mentales sin tratamiento, son internados en las áreas de enfermería de los centros de reclusión, que han quedado convertidos en especie de psiquiátricos, sin ningún tipo de personas capacitado para lidiar con las situaciones extremas a las que muchas veces quedan expuestos quienes trabajan dentro de las prisiones españolas.
