La situación de los migrantes que llegan a España con la intención de solicitar asilo se ha complicado durante los últimos meses, producto del colapso de la página web, que es la única vía para poder acceder al sistema de citas para acudir a las comisarías de la Policía Nacional a manifestar la voluntad de pedir protección internacional. Entre las mafias informáticas que acaparan los cupos mediante el uso de bots y los bufetes de abogados que cobran hasta 500 euros por «ayudar» a conseguir la cita, los extranjeros se ven arrinconados a pagar por un trámite que es absolutamente gratis.
Grupos de venezolanos que se han organizado en distintas ciudades han denunciado que además de los piratas informáticos que, a través de los grupos de WhatsApp y Telegram, se burlan de los autoridades por no poder controlar la instalación de bost en sus sistemas informáticos, hay un importante número de abogados que saben de la existencia de estas comunidades y los bombardean con mensajes ofreciendo sus servicios profesionales, pero en realidad lo que hacen es «garantizar» que pueden conseguir la cita para acudir a la policía a pedir asilo, siempre y cuando el inmigrante esté dispuesto a pagar por la gestión. Los migrantes aseguran que contra las mafias son las autoridades quienes pueden accionar, pero lo que no se explican cómo desde los bufetes pueden garantizar que tendrán las citas, si los sistemas están colapsados; la información que manejan es que los abogados les «venden» la idea de que tienen contactos tanto en el Ministerio del Interior como dentro de la Policía Nacional para poder hacer las gestiones necesarias.
La situación es complicada en todo el país, pero sobre todo en las ciudades de Valencia, Alicante, Barcelona y Castellón, donde pueden pasar hasta seis meses antes de que las personas consigan una cita, sin tener que pagar. Los inmigrantes que han llegado al país a partir de enero advierten que ya está por terminar el primer semestre del año, sin que ninguna autoridad les haya atendido ante la demanda de agilizar el procedimiento. Algunos dicen que sienten temor de ser detenidos por la policía y devueltos a sus países de origen, porque no tener ningún documento que les permita vivir de manera legal en España.
Este retraso y toda la burocracia, aunado a las mafias que se lucran de la situación de los inmigrantes, se complica ante la inacción de instituciones como el Ministerio del Interior, a cargo del ministro Fernando Grande – Marlaska, las autoridades de la Policía Nacional, cuyo director es Francisco Pardo Piqueras, y las del Ministerio de Economía y Transformación Digital, a cargo de Nadia Calviño, que al final son las partes implicadas en hacer que el procedimiento de solicitar asilo en el país garantice la debida atención y el derecho universal a pedir asilo.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Española de Atención al Refugiado, en 2021 hubo 65.404 solicitudes de protección internacional en todo el país, de las cuales 7.371 fueron resoluciones favorables de asilo, 5.354 culminaron con el reconocimiento de estatuto de refugiado y 2 017 de reconocimiento de protección subsidiaria.
Los inmigrantes de Barcelona y Valencia denuncian que la situación se complicó más a partir de febrero, con la llegada a España de los desplazados ucranianos, que han tenido que huir de su país a consecuencia de la invasión rusa, pues la atención a estas personas a pasado a ser la prioridad en las estaciones de policía; de hecho, en ambas ciudades solo quedó una comisaría destinada a la atención de migrantes que deseen solicitar protección internacional.
Ante esta situación y la imposibilidad de controlar los sistemas informáticos por parte de las autoridades españolas, los inmigrantes solicitan que el sistema de citas electrónicas sea eliminado y que la atención sea personalizada, de manera presencial y por orden de llegada, así como la habilitación de más comisarías policiales donde puedan acudir los inmigrantes.
Piden a las autoridades que además sean implementados planes de choque, con jornadas especiales que permitan atender a mayor cantidad de personas por día, pues la apertura de las fronteras, tras levantarse las alertas por la Covid-19, más el rezago de los últimos meses en la atención, mantiene, en este momento, a miles de inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades, en todo el país, en una situación de irregularidad migratoria porque al no poder manifestar su voluntad de pedir asilo, no tienen ningún estatus que les permita vivir de manera legal en España, pues la legislación española contempla que la solicitud de asilo debe ser presentadas ante las autoridades durante el primer mes de estancia en el país y en este momento hay personas que llegaron entre enero y febrero que todavía no han podido acudir ni siquiera a la primera cita, por lo que no cuentan con ningún documento que les permita estar de manera legal en el territorio español.
