Parece que a la diplomacia del Gobierno de Pedro Sánchez solo le interesan los temas que desatan conflictos y no los casos en los que deben brindar ayuda a los ciudadanos españoles que requieren apoyo en otro países, como es el caso del abogado español Mauricio Cort y García, que se encuentra preso en Panamá desde el 21 de junio de 2019, tras una irregular orden de la Fiscalía de ese país, por el caso Odebrecht.
La defensa de Cort y García está en manos de los abogados del despacho de Cremades & Calvo – Sotelo, quienes en abril de este año han enviado comunicación, en nombre de su defendido, a la embajada de España en Panamá, para solicitar que se activen todos los mecanismos diplomáticos necesarios para que se logre la liberación del detenido, que permanece privado de libertad, de manera arbitraria, tal como lo advirtió el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«De momento, lo único que se logró con esa comunicación que se le envió a la embajada de España en Panamá, fue que a Mauricio Cort y García lo visitara el cónsul (Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia) y viera en qué condiciones está, pero el Gobierno español no ha hecho nada más al respecto», explicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, socio de Cremades & Calvo Sotelo.
La defensa de Mauricio Cort y García destaca que la irregularidad de su detención está desde que el abogado, que también tiene la nacionalidad panameña, fue aprehendido por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción del país centroamericano, cuando las leyes establecen que las detenciones deben ser solicitadas por los tribunales, y que en su caso, hasta los momentos no se ha designado ningún juzgado para que el procedimiento continúe.
A Cort y García lo detuvieron por su presunta vinculación en una trama de sobornos para la adjudicación de obras públicas en Panamá, en la que se vio involucrada la compañía española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Inicialmente lo habían imputado en septiembre de 2017, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y un año después de su imputación, Cort y García firmó un acuerdo de colaboración y pena con la Fiscalía panameña por su presunta relación con una serie de sociedades mercantiles que supuestamente recibieron dinero de la compañía brasilera Odebrecht, parte del entramado de corrupción que estalló en el mundo entero en 2017.
En ese acuerdo de cooperación con las autoridades panameñas, el imputado reconoció parcialmente los delitos cometidos, pagó una suma de dinero al Estado panameño y ofreció testimonios, documentos y todo lo solicitado durante la investigación
Para la homologación del acuerdo de colaboración y pena, la Fiscal Especial
Anticorrupción solicitó audiencia ante el Juez Décimo Segundo de Circuito de lo Penal el 23
de noviembre de 2018, quien convocó a las partes para el 29 de noviembre de 2018. En tal
acto, el Juez validó el acuerdo y dictó la sentencia condenatoria en la que se establecen los
hechos probados en los términos indicados por la Fiscalía. Durante ese proceso penal Cort y García fue declarado culpable de blanqueo de capitales y le impusieron una condena de 48 meses de prisión más la obligación de pagar 1,6 millones de dólares al Estado panameño, más la obligación de continuar colaborando con la Fiscalía.
Para ese entonces el juez de la causa aceptó la solicitud de reemplazar la
pena de prisión de 48 meses por una multa, pues la defensa alegó que Cort y García supuestamente corría peligro al ser llevado a una cárcel panameña.
Pasaron apenas siete meses cuando la Fiscalía Anticorrupción inició nuevamente una indagatoria contra el detenido, por el mismo delito de blanqueo de capitales, por el que ya había sido juzgado, sentenciado y había pagado y fue en el momento en que lo detuvieron, en 2019, y desde entonces permanece en la cárcel de El Renacer, en ciudad de Panamá, a la espera de que se designe un juez para la causa, a pesar de que han pasado casi tres años desde su detención.
De acuerdo con el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, en la que se recomendaba la liberación inmediata de Cort y García, el Gobierno de Panamá debía tomar las medidas necesarias para que ello ocurriera e investigar lo sucedido, pero el Estado panameño respondió asegurando que las decisiones del organismo no son vinculantes.
El texto de la ONU señala que se están violando los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es por ellos que los abogados defensores del detenido apelan a las autoridades españolas para que, de alguna manera, presionen a las autoridades panameñas para que Cort y García sea liberado lo más pronto posible, pues consideran que su detención además es una medida del gobierno panameño para quedar bien ante la opinión pública de su país, por las implicaciones políticas que tuvo el caso Odebrecht que salpicó hasta a los hijos del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, quienes actualmente está presos en Estados Unidos por el mismo hecho.
