La aerolínea Plus Ultra ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que anule su imputación, además de suspender el interrogatorio previsto para el próximo 15 de junio, al que está citado a comparecer el representante legal de la compañía. El objetivo era esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió.
Fuentes jurídicas han confirmado que la empresa ha remitido el escrito a la juez Esperanza Collazos después de que ésta considerara pertinente escuchar a su representante legal tras el careo entre los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.
Las mismas fuentes han precisado que para pedir la suspensión Plus Ultra –tal y como ha publicado Vozpópuli– ha alegado que la citación se acordó fuera del plazo de instrucción. La compañía ha aprovechado, además, para pedir el archivo del procedimiento, como ha solicitado en ocasiones anteriores.
EL PAGO A PDVSA
La citación tuvo lugar a raíz del careo en el que los peritos explicaron al Juzgado que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los expertos independientes incidieron en que la compañía –apenas recibió la ayuda– procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.
Desde Plus Ultra confirmaron que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales». La empresa subrayó, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este «problema» afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.
Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que «lo habitual» en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
SITUACIÓN PATRIMONIAL
Durante el careo, los expertos del Juzgado cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.
Esta misma semana, la Abogacía del Estado ha insistido en pedir el archivo de la investigación al considerar que del encuentro entre los expertos «se desprende el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad, cuestionándose sólo uno de ellos».
Para los servicios jurídicos del Estado, la primera conclusión que se alcanza tras la práctica de la diligencia de careo «viene a confirmar» lo reiteradamente señalado por la Abogacía y la Fiscalía: que las discrepancias existentes sobre la situación financiera de la aerolínea es de carácter «estrictamente técnico».
