El ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana y exministro de trabajo con el PP Eduardo Zaplana ha sido procesado en el Juzgado de Instrucción número 8 de València por el caso Erial. Es el paso previo al juicio oral cuya fecha no se ha fijado.
El auto, que da por concluida la fase de instrucción y puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Junto a Zaplana se ha procesado a otros investigados como el considerado presunto testaferro del ‘expresident’, Joaquín Barceló; el también ‘expresident’ de la Generalitat José Luis Olivas, y Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana y su mujer al no ver indicios de delito.
Para la jueza, «existen indicios» de que algunos de los investigados «se aprovechaban de los cargos políticos que ostentaban a lo largo de varios años, junto con empresas existentes y ayudadas también por empresarios individuales» y «facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos» que «posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos».
Las presuntas conductas «eran dirigidas por Zaplana», junto a un grupo cercano al ‘expresident’ de amistades o de personas que habían tenido relación «por la posición política» que ostentó y «las relaciones que tuvo desde su cargo público», todo ello «con el fin de poder obtener ganancias ilícitas».
Así, según la jueza, los concursos públicos tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los parques eólicos resultaron ser «a la carta» para que las empresas interesadas, «previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones».
«EN LA SOMBRA» PARA «ELUDIR RESPONSABILIDADES»
En cualquier caso, la forma planificada por Zaplana era «quedar, ante todo, oculto en la sombra de todo tipo de actividad» con el fin de «eludir posibles responsabilidades» y dado que «era conocido públicamente y, si su nombre apareciera en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente».
Por ello, la jueza señala que el ‘expresident’ «utilizó a sus amigos y conocidos», a los que «hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas» con el fin de «conseguir su colaboración».
Destaca el papel del presunto testaferro del ‘expresident’, Joaquín Barceló, al que, según el auto, Zaplana «hizo que figurase con su nombre» en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes, para que Zaplana quedara «al margen y libre de responsabilidades mientras recibía importantes beneficios económicos».
«CONCURSOS A LA CARTA»
Según la instructora, para dar salida al dinero de origen delictivo o para concurrir a los concursos públicos «hechos a la carta», se utilizaron sociedades «para poder blanquear el dinero obtenido de las comisiones, así como otras sociedades de menor importancia para hechos puntuales y en especial para blanquear los beneficios de alguno de los investigados».
En concreto, menciona el caso de los parques eólicos valencianos, donde fueron adjudicados tres de las zonas, y, tras el mecanismo de suscripción y venta de acciones, «las acciones iniciales que tenían un valor de 120.000 euros se convirtieron al ser adquiridas en 48.000.000 de euros en apenas seis años».
Posteriormente, en la época de los Planes Eólicos, siendo José Luis Olivas ‘president’ de la Generalitat, este «también obtuvo beneficios» junto con Zaplana, quien «seguía organizando y dirigiendo desde la sombra». Señala la jueza que la intervención de Olivas «fue también fundamental».
Para la convocatoria pública del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana «se alteraron los trámites del procedimiento» que establecía las normas aprobadas, además de «situarse en la misma fase la información pública y la publicación de la resolución definitiva» y que «no se estableció ningún criterio de selección de los proyectos», por lo que la selección «quedaba a criterios arbitrarios».
Gracias a ello, continua la jueza, los concursos se adjudicaban a determinadas empresas, «habiéndose establecido criterios de selección y condiciones límite con posterioridad a ser presentada la documentación a concurso, y ello con el fin de que les fuese adjudicado lo solicitado». En el caso de José Luis Olivas, habría recibido para ello 580.000 euros como comisión.
Respecto a las adjudicaciones de las ITV, el auto señala que «no se ha encontrado documento alguno que justifique y avale la privatización» y «tampoco existe estudio económico». Por el contrario, sí existía «un informe desfavorable que nunca se tuvo en cuenta».
Para la jueza, «tampoco hubo informe técnico que avalara la adjudicación ni justificación económica ni técnica que aconsejara privatizar el servicio público» hasta entonces de las ITV, siendo además formada la mesa de contratación «por cargos políticos y ningún técnico».
Así, al no haber en el expediente administrativo «justificación alguna de criterios técnicos establecidos ni de la puntuación asignada ni posibilidad alguna de mejorar el canon a percibir por la Administración», fue «fácil que, con todas estas irregularidades», Zaplana, entre otros de los investigados, «se hiciera con las adjudicaciones las empresas que querían ser las titulares de las mismas a través de sus sociedades».
«ÓRDENES DIRECTAS» DE ZAPLANA
En el entramado empresarial, Joaquín Barceló era el «principal testaferro» de Eduardo Zaplana y «se aprovechaba de la amistad existente entre ellos y de la existencia de una confianza debida a dicha relación». De hecho, fue nombrado administrador de varias sociedades y ostentaba la titularidad de cuentas corrientes «pero recibía las órdenes directas de Zaplana».
También colaboró la secretaria personal de Zaplana, que era «conocedora de las actividades delictivas» y que «recibió cantidades en efectivo de procedencia delictiva que luego le entregaba».
Otro colaborador «asiduo» de Zaplana para «facilitar facturas que justificaran movimientos de dinero» era Francisco Pérez López, conocido como «el Gasofa». Asimismo, formaban parte también del entramado Carlos Gutiérrez Mondedeu, que se dedicada a ser el «interlocutor» con una entidad bancaria para que se realizaran «excepciones» en las operaciones llevadas a cabo, y Ángel Salas, que «mantenía contactos» para la adquisición de determinados bienes y, en concreto, varias parcelas en Villajoyosa, realizando los pagos «con proveniente de las comisiones ilegales».
La implicación de Roberto Bataouche Pérez, según se recoge en el auto, se vincula con operaciones por importe de 812.000 euros que fueron destinadas a la adquisición de unos áticos en Altea, «pertenecientes en realidad, aunque de forma encubierta, a Eduardo Zaplana como consta en documentación encontrada en el registro».
Otra de las personas que colaboraba con Zaplana era el peluquero Pedro Romero, en este caso para «dar salida al dinero obtenido ilícitamente y habiendo obtenido en su día unos terrenos cercanos a Terra Mítica de edificación».
Finalmente, José Luis Olivas, por el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana cuando era ‘president’ de la Generalitat, «habría obtenido 580.000 euros por el presunto trato de favor obtenido en la adjudicación de las zonas» del plan.
