La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha asegurado este miércoles que el sistema de Dependencia está atendiendo en 2022 a 165.395 personas más que en el año 2021.
Durante su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, la ministra ha hecho un balance del trabajo realizado por su departamento en esta legislatura y, especialmente en el último año, como la aprobación de la Ley de protección de la infancia frente a la violencia o el trabajo en una ley sobre familias, entre otras iniciativas.
En materia de dependencia, Belarra ha explicado que las medidas y planes de choque puestos en marcha van a tener una «efectos muy positivos» a lo largo de este año que, según ha indicado, se verá reforzado por el «incremento de la financiación estatal» realizado. Según ha explicado, las previsiones auguran, con este escenario, una «reducción significativa» de la lista de espera de la dependencia.
Desde ERC, su portavoz en esta comisión, Norma Pujol, ha preguntado a la ministra por la financiación de este sistema que, según ha indicado, sigue sin cumplir con la ley que determina una cofinanciación CCAA-Estado del 50-50.
En este sentido, la titular de Derechos Sociales ha explicado que no se conforman con los datos que ha expuesto referentes al último año y que el Gobierno seguirá avanzando en un aumento de la financiación pero, además, trabajan en una «transformación estructural del sistema de cuidados» en el país, sobre el que sigue negociando con las CCAA.
CAMBIO DE MODELO RESIDENCIAL
«No voy a cejar en mi empeño hasta conseguir sacar adelante este acuerdo», ha declarado la compareciente en su intervención, antes de recordar que las residencias de mayores han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. «No podemos ni debemos olvidar tanto dolor que se vivió en estos centros», ha declarado.
Belarra ha explicado que su objetivo es no volver a ver imágenes de residencias «masificadas», con «pacientes con sujeciones», o de personas que fallecen mientras esperan una plaza pública «que no llega nunca».
El modelo de residencia que defiende la ministra de Derechos Sociales, según ha señalado, tiene unos ratios más elevados de trabajadores por persona atendida. En concreto, ha hablado de alcanzar «prácticamente» el de un trabajador por cada dos personas mayores o dependientes. También ha abogado por eliminar las sujeciones, por «poner en el centro la dignidad» y por «priorizar la atención a domicilio» que, según ha señalado, es lo que la mayoría de la gente mayor y dependiente reclama.
En el caso de que esta atención sea imposible, Belarra apuesta por mayor residencias «mejor organizada y más pequeñas» de un máximo de 15 personas. Además, ha defendido elevar el porcentaje de habitaciones individuales en centros de nueva construcción hasta el 65%.
ACUERDO CON LAS CCAA
«Este acuerdo es una cuestión clave» ha señalado, antes de «emplazar» a las comunidades autónomas a tener «sentido de Estado» y a trabajar en esta línea. Belarra no cree que «alguien se oponga» a cambiar este modelo residencial «después de los vivido» en pandemia.
A este emplazamiento han respondido la portavoz del PNV en esta sesión, Begoña Sagastizabal, quien ha reprochado que «a veces» el Gobierno «más que coordinar» parece que «vaya a centralizar» y le ha recordado que el deseo de las CCAA también es dar la mejor calidad y servicio a las personas mayores y dependientes.
Belarra ha respondido a este respecto que, si el Ejecutivo fuera recentralizador, habría «hecho lo que hizo el PP» de establecer los criterios mínimos «con una modificación normativa» y no lo trataría con las autonomías en la sectorial.
Además, ha apelado al objetivo que, a su juicio, comparten las dos partes negociadoras sobre este tema para sacar este acuerdo adelante frente, según ha señalado, los «lobbys de presión» que existen en materia de residencias y que, según ha señalado, «por desgracia» han hecho que los cuidados hayan sido «demasiadas veces un negocio».
INFANCIA
Durante su intervención, la titular de Derechos Sociales también se ha referido a las medidas de Infancia de su departamento que, según ha explicado, «luchan por sus derechos» frente a «quienes criminalizan a los niños» del país.
En este sentido, se ha referido a la estrategia aprobada con las autonomías frente a la explotación de menores pertenecientes al sistema de acogida, también al Plan de Acción Estatal contra la pobreza infantil o su trabajo para conseguir un «modelo de respuesta coordinara» para el traslado y reparto de los menores migrantes en todo el territorio español, de forma que se «garanticen sus derechos».
Belarra también ha hecho hincapié en las mejoras que van a suponer para las familias del país la Ley de Familias que, según ha apuntado, espera que llegue al Consejo de Ministros en septiembre, ha repasado las normas aprobadas en la legislatura relacionadas con la discapacidad y también ha destacado la futura Estrategia de Soledad no deseada que prepara su Ministerio.
CRÍTICAS DE PP Y PSOE
Para el PP, esta intervención de Belarra está basada en la «complacencia» y el «autobombo» y le ha pedido que regrese a una España real en la que, según ha apuntado, el país está «a la cola de los indicadores económicos». Del mismo modo, la portavoz ha afeado a la ministra que hable de su preocupación por la infancia después de que el Ejecutivo indulte a María Sevilla que, a su juicio, ha hecho «daño» a su hijo.
Por su parte, la portavoz de Vox en esta comisión, Rocío de Meer, ha explicado a Belarra que este Gobierno «va a ser recordado» como el que provocó «la destrucción de los barrios humildes», el que «ha permitido los machetazos en las calles», el que ha generado «pérdida de poder adquisitivo en la gente sencilla» o el que ha «propiciado la ruina de los trabajadores».
