domingo, 15 diciembre 2024

El juez interroga hoy a la responsable municipal que negoció los contratos del caso de las mascarillas

La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, testifica este viernes ante el juez Adolfo Carretero para aclarar los extremos de los tres contratos que negoció con Alberto Luceño para proveer de material sanitario a la ciudad de Madrid y por los que los investigados obtuvieron comisiones millonarias.

Elena Collado era la encargada de compras del Consistorio madrileño en el inicio de la pandemia y fue la persona que pactó directamente con Alberto Luceño los contratos para traer guantes, mascarillas y test Covid a través de conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos.

El Ayuntamiento de Madrid pagó a la empresa malaya Leno 11,9 millones de euros, de los que 6 millones acabaron en comisiones para los investigados. Parte del material que llegó era defectuoso, pero el Consistorio no denunció, lo que sí hizo en otro caso por estafa.

La testigo tendrá que aclarar cómo llegó su correo a manos de Luis Medina, un extremo del que manifestó ante el fiscal anticorrupción que no recordaba detalles.

«Me llegó el teléfono y le llamé. Me dijo que tenía un amigo que tenía empresas en China y que tenía experiencia en el mundo del comercio internacional chino y que tenía proveedores fiables», declaró entonces.

La declaración de Elena Collado llega después de que el juez rechazara el intento de las acusaciones populares de suspender la comparecencia alegando que no habían recibido la documentación requerida al Consistorio madrileño en relación a los correos que llegaron en esas fechas con las ofertas de distintos proveedores de venta de material sanitario.

Entre lo aportado por el Ayuntamiento, figuran los correos que envió Luis Medina al correo genérico de la Coordinación General de la Alcaldía, en cuyos mensajes se constata que el trato que recibió era como cualquier «otro proveedor». También aparece un listado de correos de otros proveedores distintos a los agentes de la empresa malaya Leno.

La alta cargo de Cibeles acudirá al juzgado en calidad de testigo al mantener el juez esa condición después de tener que suspender la primera citación, prevista para el pasado 9 de mayo, ante la solicitud de Grupo Mixto y Podemos de que fuera convocada como investigada.

El juez se opuso a sus peticiones y esgrimió que tanto para el caso de malversación de fondos como para el de administración desleal debía existir un «dolo claro por acción y omisión» que en ambos casos no procedía para la actuación de Elena Collado.

«Ninguna prueba existe de que se apropiase de dinero público o permitiese que los investigados se apropiasen del mismo», alegó Carretero, quien además subrayó que la responsable de Compras del Ayuntamiento «fue engañada» por Medina y Luceño en cuanto al importe de «sus desmesuradas comisiones».

En un escrito, el Ayuntamiento de Madrid alegó que Collado debía acudir como testigo al no justificarse «la existencia de indicios de criminalidad» contra ella. Según la acusación particular, «de las declaraciones practicadas hasta ahora se desprende que no existía entre ellos (Luis Medina y Alberto Luceño con Collado) relación previa alguna».

«PENSÉ QUE QUERÍAN AYUDAR»

Ante el fiscal anticorrupción, la responsable municipal manifestó que entendía que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño querían ayudar a Madrid con su ofrecimiento para traer material sanitario y afirmó que si hubiera sabido que buscaban cobrar comisiones, lo hubiera llevado a la Policía.

«Soy un poco pava. Entendía que querían ayudar a Madrid. No hablaron de porcentajes y ni les pregunté. A lo mejor lo debería haber hecho», se lamentó el 16 de marzo de 2021.

«En el estado de alarma había protocolos de emergencia y nos repartimos las tareas. Cualquiera que nos podía ofrecer material sanitario se dirigía a nosotros y en ese momento nos dimos cuenta de que era imposible comprar nada si no se adelantaba un mínimo de un 50%», relató entonces.

Collado incidió en que los contratos de emergencias de aquella época estaban «amparados por la ley» y había que buscar fórmulas para proveer de material a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.