Patronales y sindicatos de la escuela concertada han emprendido una campaña en Twitter contra la tramitación «de tapadillo» y durante el estado de alarma del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como ‘ley Celaá’, que se encuentra desde el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados.
El proyecto de la LOMLOE fue aprobado el 3 de marzo, la semana anterior al decreto del estado de alarma, por segunda ocasión en el Consejo de Ministros. Era la segunda vez en poco más de un año, porque reforma promovida por la ministra socialista Isabel Celaá ya había sido aprobada en febrero de 2019, justo el día que se convocaban anticipadamente elecciones generales, lo que truncó su tramitación parlamentaria.
Sindicatos como USO han promovido este lunes una protesta en internet contra la tramitación parlamentaria del proyecto del ley durante el estado de alarma. Con la etiqueta #StopLeyCelaá y el apoyo de la patronal de centros concertados Escuelas Católicas, así como organizaciones de familias como la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA), esta movilización virtual ha sido uno de los temas más seguidos en España este lunes en la red social Twitter.
La semana pasada, la plataforma Concertados, integrada por colectivos representativos de estos centros de titularidad privada pero financiados con fondos públicos, manifestó su malestar por el hecho de que la ‘ley Celaá’ se esté tramitando en un momento en el que no están permitidas manifestaciones ni protestas en la calle.
«Se quiere evitar que tenga cierta repercusión social. Esto se quiere hacer de tapadillo y nos obliga a pensar mal», explica a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, subrayando que a las organizaciones de la concertada no le parece que «sea el momento para estar tramitando en el parlamento una ley orgánica de educación.
Sin embargo, la actividad parlamentaria del Congreso, que se ha mantenido a pesar del estado de alarma, permite que el proyecto avance, aunque no a la velocidad que desearía el Gobierno. El plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad se prorrogó hasta el pasado viernes 24 de abril, y fue aprovechado por Partido Popular, Vox y Ciudadanos para pedir la devolución del texto al Gobierno.
Además, la Mesa del Congreso aprobó el pasado martes la ampliación hasta el 6 de mayo del plazo para enmendar el articulado de la ‘ley Celaá’, cuestionada por estas organizaciones de la concertada al eliminar el concepto de demanda social en la planificación escolar o la obligatoriedad de la asignatura de Religión, entre otras cuestiones.
Desde Escuelas Católicas consideran insuficiente esta prolongación de los plazos de enmiendas. «¿Cuál es el problema de esperar un poco más?», pregunta José María Alvira, admitiendo que desconfía de las incorporaciones que pueda hacer a la ley Unidas Podemos, que forma coalición con el PSOE en el Gobierno, y cuyo apoyo es imprescindible para que la reforma sea aprobada.
Para Alvira, la ‘ley Celaá’ sigue el camino de la ‘ley Wert’, la reforma educativa que el Partido Popular aprobó «sin consenso» en 2013 y que se pretende derogar con el nuevo proyecto. «Una de las críticas más feroces que se le hizo a la ley anterior fue que el procedimiento no era el mejor, que no era una ley de consenso, y esta desde luego tampoco lo es», afirma.
Desde Escuelas Católicas insisten en su propuesta de incluir la educación dentro del Pacto por la Reconstrucción que el presidente Pedro Sánchez ofrece a las diferentes formaciones políticas contra la crisis que ha provocado el coronavirus. «¿Por qué no incluir ahí el pacto educativo?», añade el secretario general de esta patronal de centros concertados.
