El sector privado deberá cargar a sus espaldas con más peso todavía. Y es que, la única forma de que al Gobierno le cuadran las cuentas es que las personas que trabajan en el sector privado mantengan a las que dependen de los público. Una situación que ya se encontraba en el límite a comienzos de año, ya que el número de personas dependientes de las arcas del Estado es muy similar al de trabajadores de empresas privadas. Sin embargo, el Gobierno ha decidido aprobar una nueva oferta de empleo público para este año 2022, que incluye 44.787 plazas públicas. Esto supone un incremento del 12,2% respecto al ejercicio anterior. De esta forma, el Gobierno trata de exprimir al máximo al sector privado aumentado el número de trabajadores en las Administraciones Públicas. Así, el número de personas dependientes de cada sector será prácticamente igual, una situación un tanto difícil de mantener.
El gasto que supone mantener a funcionarios, pensionistas y personas en situación de paro es un problema para los fondos de las administraciones. Sin embargo, parece ser que esto no le importa demasiado a Pedro Sánchez. Y es que, el Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2022, que incluye 44.787 plazas, es decir, un 12,2% más de puestos de los que aprobaron en el año 2021. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que se trata de la «mayor oferta de la historia». Además, ha destacado que no se pueden fortalecer las políticas públicas si las Administraciones no cuentan con los trabajadores necesarios y la estabilidad laboral suficiente para poder realizarlas.
un 12,2% más de plazas de las que aprobaron en el año 2021
Las plazas que ha aprobado el Gobierno se reparten entre 34.151 en la oferta ordinaria y 10.363 en la de estabilización de empleo temporal. Respecto a las ordinaria, se incluyen las plazas de ingreso libre y las de promoción interna para la Administración General del Estado (AGE), el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. En la oferta de estabilización se ofrecen 4.691 plazas en AGE y 5.945 para la Administración de Justicia. Además, a la oferta ordinaria y a la de estabilización se suman también otras 18.149 plazas correspondientes al sector público empresarial y entes instrumentales.
La titular de Hacienda y Función Pública ha asegurado que estas plazas ofertadas son «coherentes con las prioridades del Ejecutivo». Lo que no está tan claro es que resulten coherentes con las cuentas del Estado y la situación que soportan los trabajadores privados. Y es que, que los salarios de los empleados de las administraciones e instituciones públicas dependan de la hucha del Estado es todo un problema para el sector privado y, en particular, para los autónomos. Dado que, probablemente, a medida que aumente el número de personas dependientes del Estado (funcionarios, pensionistas y personas en situación de paro) el gasto que implica mantener a estos ciudadanos también crecerá.
Sin embargo, se trata un problema que no parece importar demasiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a su equipo, ya que se dan palmadas en las espalda celebrando «la mayor oferta de la historia» de empleo público. Mientras la balanza parece que comienza a ceder, el peso sobre el sector privado no deja de incrementarse. Una situación que podría llevar a ser insostenible en el medio plazo. Y más si el Ejecutivo continúa aumentando las cifras de trabajadores públicos entre las filas de las administraciones, algo que probablemente continuará. Y es que, Montero, amparada en la ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, ha justificado esta medida y ha pedido que en los próximos días hagan lo mismo el resto de administraciones, comunidades autónomas y corporaciones locales.
La única forma de que las cuentas le cuadren al Estado para mantener a las personas que dependen del dinero público es que las paguen los trabajadores del sector privado. En España, a comienzos de años existían entorno a 14,1 millones de personas que dependen de la hucha de las administraciones, entre los que se encuentran los funcionarios públicos, pensionistas y personas en situación de desempleo. Unos números que es necesario observar comparándolos con los 16,5 millones de personas que trabajan en el sector privado que había entonces y que sustentan los salarios, pensiones y las prestaciones al desempleo con su dinero. Que la cifra de personas en cada sector sea muy similar es toda una suerte para la administración y así lo privado mantiene a lo público. Ahora, con la nueva oferta de empleo público que ha aprobado el Consejo de Ministros esto se ha agravado todavía más. El Gobierno está exprimiendo al máximo al sector privado, hasta convertir la situación en insostenible.
