ERC ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que pide al Gobierno explicaciones por los «incumplimientos» de la Ley de Cambio Climático, justo en el primer aniversario de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado.
Las preguntas plantean al Ejecutivo que explique cuál es el grado de cumplimiento de algunos de sus preceptos de acuerdo con el calendario previsto que marca la propia ley y que ERC considera que ya deberían estar en marcha.
La batería de preguntas, presentada por los diputados Joan Capdevila y Xavier Eritja, que desde su aprobación hace un año ya se consideró esta Ley como «insuficiente» y «poco ambiciosa» en muchos ámbitos, como por ejemplo los objetivos de descarbonización.
Además, Capdevilla destaca que algunas de las obligaciones para las que la ley establecía plazos concretos tampoco tienen «señales de que se haya hecho nada» a pesar de que ya deberían estar vigentes.
Del mismo modo, las preguntas hacen hincapié en obligaciones contraídas en una veintena de ámbitos recogidos por la ley, como la elaboración «en un plazo de doce meses» de una propuesta de reforma del Mercado Eléctrico, o del informe anual sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos fósiles para identificar ayudas y medidas que todavía estén favoreciendo su uso.
Capdevila y Eritja también preguntan, entre otras cuestiones, si ya se están desarrollando los planes específicos para la penetración de gases renovables o la definición de la estrategia del agua, previstos en la ley, o sobre los objetivos para el suministro de combustibles alternativos en el transporte.
En la misma línea desean conocer si ya existe la información centralizada sobre la red de puntos de recarga eléctrica públicos o si ya se están impulsando medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales sin emisiones directas de CO2.
La ley, por ejemplo también prevé que un Comité de Personas Expertas en Cambio Climático y Transición Energética elabore un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados «y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno». «Ha transcurrido el primer año y eso no se ha producido», concluye Capdevila.
