La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y otras organizaciones han lamentado la «falta de preparación» de las administraciones penitenciarias para hacer frente a la propagación del Covid-19 en el continente europeo y en particular en España, por la ausencia de planes estatales de prevención y en los respectivos sistemas de salud pública.
«Las cárceles son amplificadores de la propagación de enfermedades infecciosas. Estamos ante una población con alto riesgo de enfermedades transmisibles y que ahora se enfrenta a un grave factor de riesgo de gravedad de coronavirus. En la población reclusa la incidencia de la enfermedad física y mental es más elevada que en la población general. La prevalencia en prisión de la toxicomanía, así como de otras enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la hepatitis C o la grave sobrerrepresentación de la enfermedad mental requieren de una intervención por parte de la Administración penitenciaria», denuncian.
En relación con la crisis sanitaria del Covid-19 y según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a fecha 29 de abril de 2020, habían fallecido 5 personas (2 internos de Madrid VII, 3 funcionarios de los CP Alicante, CP Cuenca y del CP Soria); 301 han dado positivo (248 trabajadores y 53 internos); y la mayoría de ellas no han sido trasladadas a dependencias sanitarias. Además, en torno un millar (470 trabajadores y unas 530 personas presas) se encuentran en observación médica o en cuarentena.
FADSP critica que hasta ahora, ni el Ministerio del Interior, ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ni las consejerías autonómicas competentes «han prestado la atención debida a la situación de las personas privadas de libertad, como tampoco a sus familiares y allegadas».
«Las personas privadas de libertad están en una situación de contacto, ya sea en celdas, talleres de producción, patios, etc. Su vida penitenciaria supone el desplazamiento en grupos, de quienes se encuentran en prisión. La organización de la atención en las prisiones no está diseñada para hacer frente a una situación de crisis. Los servicios suelen estar insuficientemente equipados y dotados de escaso personal y no pueden hacer frente adecuadamente a la carga ordinaria de las enfermedades comunes, estando en dependencia de los dispositivos hospitalarios y comunitarios», argumentan.
Igualmente, afirman que «no se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa, ni a todo el funcionariado de prisiones, con el fin de detectar los casos reales y poder aislar sanitariamente a las personas sintomáticas y así evitar la propagación del coronavirus». «Esto es uno de los puntos débiles de la gestión global de esta crisis sanitaria ante la carestía de medios a nivel mundial», añaden.
Sobre la atención sanitaria del Covid-19, insisten en que «no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, reforzando de inmediato la plantilla de personal sanitario dentro de prisión». «Para evitar el hacinamiento y garantizar la distancia social, no se han tomado, de modo inmediato y generalizado, medidas de excarcelación de la población recluida en situación preventiva, con condenas cortas, en tercer grado, gravemente enferma y mayor de 70 años», agregan.
