El Gobierno ve cómo sus planes se ven amenazados por la crisis del coronavirus. Lo que debía de ser una legislatura con claro sesgo progresista en la que se tomaran medidas de efecto revolucionarias se ha visto condicionado por una pandemia con pocos precedentes. España afronta una caída del PIB de en torno al 10% en 2020 y necesitará estímulos de todos los colores en base a acuerdos, tanto nacionales como europeos. Sánchez ya ha detallado su plan, con el cual prevé que en 2021 la recuperación se iniciará con fuerza (con un crecimiento del 6%) y que se prolongará hasta el punto de estar mejor que a principios de este año, según sus estimaciones; eso sí, siempre que se les permita agotar la legislatura por completo.
Sánchez, sin embargo, no las tiene todas consigo. El Congreso de los Diputados no lo tiene de su parte y la oposición no deja de poner piedras en el zapato a los planes del presidente del Gobierno, que pasan por prolongar el estado de alarma a lo largo del mes de mayo. Sánchez ya ha dejado caer su intención de alargar esta situación excepcional para coordinar la desescalada con todo lujo de poderes, sin embargo, eso pasa por apoyarle sin condiciones. Según las palabras del presidente, si no le dejan llevar a cabo su estrategia y si no le apoyan para prolongar el estado de alarma, hasta los afectados por un ERTE corren peligro de no cobrar su prestación.
Sánchez sabe que hasta los Presupuestos Generales del Estado corren peligro. Y que la continuidad de su Gobierno de coalición pende de un hilo. Para aprobar unas cuentas para los próximos años que den oxígeno a su legislatura necesita el apoyo de los partidos nacionalistas, muy hostiles con el Ejecutivo después de que Sánchez les haya quitado competencias amparado por el estado de alarma. Por eso el PSOE ha elaborado un nuevo plan que pasa por condicionar todo su plan de ayudas a la continuidad de la legislatura.
No es casual que el plan de recuperación que ha planteado el Gobierno augure que la recuperación llegará con el fin de la legislatura. Según las estimaciones del propio Ejecutivo, el Producto Interior Bruto (PIB) caerá en 2020 un 9,2% (otros organismos internacionales prevén que la caída puede ser aún mayor, los más pesimistas auguran consecuencias catastróficas). Sin embargo, Sánchez avisa de que el rebote del 2021 será notable, ya que el PIB español se recuperaría un 6,8%. Los dos años siguientes, el crecimiento aumentará a pasos agigantados hasta el punto de llegar a estar mejor que como estábamos antes, eso sí, siempre que se les permita llevar a cabo su plan.
La legislatura de Sánchez está amenazada por dos frentes. El primero, la oposición, un bloque que se ha radicalizado con la crisis y que no dará tregua al Gobierno; y el segundo, sus propios socios, aquellos que le apoyaron durante la moción de censura y aquellos que le dieron la presidencia del Gobierno de nuevo, muy hostiles desde que Sánchez ha retirado las competencias autonómicas de forma temporal.
El primer frente no tiene solución. Sánchez les ha apartado y los puentes está completamente rotos. Sin embargo, con el segundo hay esperanzas de que pueda mantener la legislatura completamente a flote. Quizás por eso el presidente ha regado las autonomías con 18.000 millones de euros no reembolsables, un acto poco usual que no tiene otro objetivo que rebajar la tensión que hay entre los partidos nacionalistas con presencia en el Congreso y apuntalar la legislatura. Además, Sánchez ha prometido a las comunidades que liberará «de inmediato» 6.000 millones de euros del nuevo fondo de liquidez.
Aún así, los mensajes del Gobierno también han ido dirigidos a la ciudadanía y ha amenazado con que toda esa recuperación en pocos años vendrá siempre y cuando le dejen trabajar con total libertad. Es decir, que si se quieren ayudas, esas que regarán las autonomías o esas otras que abonan una prestación a los afectados por un ERTE, habrá que permitirle al presidente mantener su hoja de ruta.
