La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a reconocer el ‘ecocidio’ como crimen internacional y a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma para incluir este tipo delictivo como el «quinto» delito internacional.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, propuso que los crímenes contra la naturaleza, tales como vertidos de petróleo o la situación de degradación del Mar Menor sean calificados como el «quinto delito internacional» de modo que puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional, igual que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra o el crimen de agresión.
La propuesta, que contó con el apoyo de PSOE, UP, ERC, Grupo Plural, la abstención de PP, CS y la oposición de Vox, insta al Gobierno a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como a valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes con este objetivo en el Derecho interno».
López de Uralde recordó en la Comisión, celebrada este miércoles por la tarde, algunas «agresiones ambientales enormes que han quedado completamente impunes» como la rotura de la mina de Aznalcóllar, en Doñana, que vertió cinco millones de metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos en el entorno del Parque Nacional, y que terminó sin que ningún responsable de la empresa fuera condenado, o la marea negra que generó al naufragio del buque Prestige.
«Desgraciadamente estamos muy acostumbrados a que las agresiones ambientales queden impunes», ha lamentado el diputado que ha advertido de la complejidad a la hora de investigar y judicializar este tipo delictivo.
De ese modo, ha situado la iniciativa parlamentaria en el marco de la campaña de Alianza Verde ‘Stop Ecocidio’, que insta a la Corte Penal Internacional que incorpore el ecocidio como un quinto crimen recogido en el Estatuto de Roma el delito de ecocidio.
La iniciativa ha sido apoyada por varios países como Chile, Reino Unido o España, aunque este último no está entre los países que ya han reformado sus leyes para introducir este delito de ecocidio en su legislación penal.
