PSOE y el grupo confederal de Unidas Podemos han rechazado con la suma de sus votos la propuesta de reforma de la Ley de Costas vigente planteada por el Parlamento de Cantabria.
En concreto, Cantabria solicitaba la toma en consideración de la proposición de ley impulsada desde el Parlamento regional para modificar la Ley de Costas con el fin de prorrogar las concesiones en dominio público marítimo-terrestre del litoral y permitir que puedan continuar las actividades económicas que actualmente se desarrollan en estos terrenos.
La iniciativa ha sido rechazada por PSOE, Unidas Podemos, BNG y PNV frente a la postura de PRC, PP, Cs y Vox, que han expresado su respaldo a la propuesta que busca evaluar las concesiones en el dominio público marítimo terrestre.
Durante el debate parlamentario, el diputado del PSOE Pedro Casares, ha asegurado que aceptar esta modificación del articulado va en contra de la propia Ley de Costas, de la de Administraciones Públicas y de la Ley de Cambio Climático y ha apostado por analizar caso a caso pero con seguridad jurídica. «No podemos cambiar una ley para eludir el cumplimiento de sentencias firmes», considera el diputado.
A su juicio, la proposición de Cantabria pasa por pensar «en grande o en pequeño», en dibujar un futuro compartido o bien por pensar sólo en el hoy sin importar lo que ocurrirá mañana. Por ello, cree que es más importante que nunca luchar contra el cambio climático en la costa y ve una «tarea de todos» preservarla, protegerla y conservarla.
Además, el diputado del BNG Néstor Rego ha expresado su oposición a la petición de Cantabria que supondría que actividades que no están vinculadas al mar y tengan un impacto ambiental negativo puedan consolidar su ubicación en dominio público marítimo terrestre.
PROPUESTA
En la misma línea, el diputado de Unidas Podemos Antonio Gómez Reino no ve razonable modificar una ley que está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a la planta papelera de Ence en la Ría de Pontevedra. Por su parte, el diputado de PdCat Sergi Miquel i Valentí comparte la necesidad «oportuna» de reformar esa ley.
Durante la defensa de la propuesta procedente de la Cámara cántabra, el representante del parlamento autonómico, Pedro José Hernando, ha criticado el predomino de las posturas demagógicas ambientalistas del actual Gobierno.
En ese contexto, ha reclamado la búsqueda de la implicación de todos en la defensa del medio ambiente, tanto en la costa como en el interior y que la interpretación de la ley de costas sea «correcta y favorable» para todos. «Se trata de ordenar y regular respetando los derechos adquiridos porque no se puede vulnerar los derechos de los particulares», ha precisado.
De ese modo, ha instado a la Cámara a acceder a su petición para reformar fundamentalmente los artículos 32 y 66 de la de Ley de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988.
En el apoyo a la propuesta, la diputada de Cs María Carmen Granados ha criticado que el Gobierno y el PSOE se posicionan en la «cerrazón» en vez de en el diálogo y la prosperidad de sectores económicos. Así, ha advertido de que de no modificarse esta norma están en riesgo miles de pequeños y grandes negocios y empleos en las costas de toda España y ha responsabilizado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ser una «activista».
Desde el PP, Diego Movellán, ha apoyado la iniciativa y ha recordado que en 2013 a los partidos que forman la coalición del Gobierno «no les gustó» la ley del Gobierno popular que nació con la voluntad de reforzar el ordenamiento y la seguridad jurídica y ve necesario aclarar el artículo 32 para acabar con la «incertidumbre» que generan las «artimañas» del Gobierno para tratar de cambiar las reglas del juego con una reforma encubierta de la Ley de costas a través de la Ley de Cambio Climático. En ese sentido, ha solicitado a los legisladores que den «ejemplo de cordura y responsabilidad».
Desde Vox, el diputado Emilio Jesús del Valle ha acusado al Gobierno de dar una interpretación confusa y confiscatoria a la legislación vigente en materia de costas que pone en peligro la viabilidad de empresas y miles de puestos de trabajo. «Todo por ese mantra de ecologista de izquierda radical que mantiene el gobierno regional-socialista de Cantabria más el social-comunista del Estado de España», ha concluido.
