El Gobierno destaca en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas que las medidas de mantenimiento de rentas adoptadas durante la crisis sanitaria han permitido que 7,1 millones de personas, el 31% de la población activa, quede protegida.
Estas medidas, recuerda, incluyen el derecho a prestación contributiva por desempleo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), aunque no cumplan el periodo de carencia; la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por el estado de alarma; el subsidio extraordinario para trabajadores con contrato temporal; el subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar, y la prestación para los trabajadores fijos discontinuos, entre otras.
En concreto, el Gobierno estima que los ERTEs por fuerza mayor y por causas productivas derivados del Covid-19 afectarán a 4 millones de trabajadores, el 17% de la población activa, mientras que la prestación extraordinaria para autónomos llegará a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia (6% de la población activa).
El Ejecutivo estima además que los beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para trabajadores que finalizan un contrato temporal serán 462.000 (2% de la población activa); que el reconocimiento como incapacidad temporal de los periodos de aislamiento o contagio por Covid-19 afectarán a 400.000 trabajadores (el 2% de la población activa, y que el pago de prestaciones a personas que se han quedado en el paro como consecuencia del coronavirus llegue a 900.000 beneficiarios (el 4% de la población activa).
LOS INGRESOS POR COTIZACIONES BAJARÁN UN 5,7% EN 2020
Por otro lado, el Gobierno prevé que los ingresos por cotizaciones sociales experimenten en 2020 un «importante deterioro», que cifra en un descenso del 5,75%.
Esta caída, argumenta el Ejecutivo, se debe fundamentalmente al impacto de las medidas de carácter laboral adoptadas durante el estado de alarma, destacando especialmente la exoneración de cuotas asociadas a los ERTEs derivados del coronavirus. «Hay que tener en cuenta que los trabajadores en ERTE no realizan aportaciones a la Seguridad Social y tampoco lo hacen por ellos los empresarios mientras dure el estado de alarma», recuerda.
El Gobierno afirma que los ingresos por cotizaciones también se reducirán como consecuencia del deterioro del mercado laboral ante la crisis, «que frenará la creación de empleo prevista antes de la pandemia, con un descenso significativo del número de afiliados».
Estos elementos, junto con el deterioro temporal del mercado de trabajo, van a suponer en 2020 un descenso de las cotizaciones por importe de 9.227 millones de euros, hasta el 13,5% del PIB. No obstante, el Ejecutivo considera que esta situación «previsiblemente remontará en 2021», una vez superada la emergencia sanitaria y dado el carácter transitorio de las medidas adoptadas.
Por otro lado, en cuanto a la evolución de los salarios, el Gobierno prevé un crecimiento sostenido de la remuneración por asalariado en 2020, derivado fundamentalmente del tipo de ajuste que tiene lugar en el mercado laboral español. No obstante, señala que las ligeras ganancias de productividad previstas para 2020 «permitirán contener una excesiva aceleración de los costes laborales».
