El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles una moción presentada por PP en la que rechaza el «recorte» del trasvase Tajo-Segura propuesto por el Gobierno central. El texto, impulsado por los populares y que ha salido adelante con el apoyo de Cs y la abstención de PSPV y Compromís, critica asimismo la «pasividad y desinterés» del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, en la defensa de esta infraestructura.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha denunciado en su intervención que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado ayer por la Confederación Hidrográfica de esta cuenta, «se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos, sólo en la provincia de Alicante».
«Esta decisión, que se consumará el martes en el Consejo de Ministros, es meramente política y no responde a criterios técnicos», ha criticado Serna, quien ha vuelto a advertir que la intención de sustituir el agua trasvasada por agua desalada «tendrá un sobrecoste para los regantes y los municipios y supondrá una hipoteca energética y medioambiental».
También ha lamentado la actitud de Puig «quien con el anuncio de sus recursos solo pretende cubrir el expediente». En este sentido, ha apuntado que «si el presidente de la Generalitat hubiera hecho sus deberes, ahora podría quejarse. Sin embargo, ha consentido que la ministra venga a nuestra tierra a decir que aquí hacemos un mal uso del agua».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha respaldado la moción y ha reivindicado «la necesidad de defender esta infraestructura con todos los mecanismos legales a nuestro alcance para asegurar la prosperidad de la provincia». El también diputado de Infraestructuras ha tildado de «castigo» la política de recortes de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además, ha criticado que «no deja lugar a dudas de las verdaderas intenciones del Gobierno socialista», al que ha responsabilizado de «arruinar a los agricultores alicantinos, a pesar de su gran peso en nuestro país». Entre sus propuestas, destaca un plan de ayudas a disposición de las cuencas deficitarias que permita el desarrollo sostenible de recursos propios y la creación de un organismo nacional regulador del agua.
Desde la oposición, tanto PSPV como Compromís han mostrado su rechazo al recorte del trasvase, aunque no han querido dar su apoyo al texto del PP y han acusado a la formación de «hacer partidismo» con el tema del agua.
VEGA BAJA
Paralelamente, en la sesión también ha salido adelante la moción presentada por el equipo de gobierno de PP y Cs en la que muestran su rechazo a la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja «que supone un retroceso y la paralización de la comarca».
La diputada de Proyectos Europeos y alcaldesa de Almoradí, María Gómez (PP) ha mostrado el apoyo de la Diputación a los ayuntamientos y entidades que han alegado contra esta planificación.
«Queremos que la Vega Baja avance con un desarrollo sostenible y no con un Plan de Acción Territorial que nos retrotrae a 20 años atrás», ha criticado la diputada, quien ha precisado que este documento, en fase de exposición pública y al que ya se han presentado más de 1.300 alegaciones, supone la «parálisis» de sectores tan importantes como el agroalimentario o el del turismo residencial.
Por contra, PSPV ha defendido la alternativa presentada por la Conselleria de Política Territorial «que se ha hecho buscando el máximo consenso y que pretende poner fin al urbanismo salvaje que se ha practicado en la comarca en los últimos 20 años», ha apuntado la diputada socialista Carolina Gracia.
Seguidamente, la crisis energética ha centrado varias de las propuestas. Al respecto, todos los grupos políticos han respaldado el texto presentado por el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, para impulsar una línea de ayudas destinada a ayuntamientos para favorecer el autoconsumo de energía en los edificios públicos.
Por otra parte, PP y Cs han rechazado la moción del PSPV de apoyo a la actuación en materia energética del Gobierno de España. El portavoz ‘naranja’ ha reprochado «la exclusión de medidas indispensables para evitar la inflación y que demonice la energía nuclear, necesaria en el camino de la transición energética».
Por último, PP y Cs han votado en contra de la moción presentada por Compromís en la que solicitaba que «en la institución provincial se rechace introducir en futuros gobierno a la extrema derecha, representada por VOX».
En su intervención, Fullana ha citado frases literales de dirigentes de VOX en contra de colectivos como el de LGTBI, así como ha señalado las políticas «que el populismo de ultraderecha abandera y que apuntan a la eliminación de la ley de violencia de género, la persecución al colectivo LGTBI o a la desigualdad entre hombres y mujeres».
Por su parte, el portavoz del PSPV, Toni Francés, ha señalado que «tanto en este país como en Europa existe un problema que se llama extrema derecha». «O todos los demócratas nos ponemos a trabajar para que no lleguen a las instituciones o lo lamentaremos», ha agregado.
Al respecto, el equipo de gobierno de PP y Cs ha votado en contra al rechazar «los cordones sanitarios a partidos políticos legales». Asimismo, Cs y PP han pedido a Compromís que «meta también en el mismo saco a la CUP, ERC, Podemos y demás partidos nacionalistas de extrema izquierda».
