El nuevo responsable de Justicia en el PP, Esteban González Pons, ha retomado los contactos con las asociaciones judiciales para reunirse con sus representantes en los próximos días a fin de reanudar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace más de tres años, según las fuentes consultadas.
Las citadas fuentes han precisado que el primer encuentro tendrá lugar el jueves con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, al que seguirá una segunda reunión el viernes con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
La cita con Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) está señalada para el 18 de mayo, porque por cuestiones de agenda no ha podido fijarse antes, mientras que el encuentro con Foro Judicial Independiente (FJI) está aún pendiente de fecha.
Las mismas fuentes han apuntado que en principio el objeto de estas reuniones es intercambiar opiniones, si bien las asociaciones judiciales ya han dejado clara cuál es su postura en distintos foros.
Así, las cuatro coinciden en que la actual situación del CGPJ es insostenible, pero difieren sobre cómo proceder. APM y AJFV abogan por renovar a la mayor celeridad y proceder después a una reforma legal que permita a los jueces elegir directamente a los doce vocales del turno judicial, mientras que JJpD coincide en la urgencia de renovar el CGPJ, pero aplazando a un momento posterior el debate sobre la posibilidad de establecer un nuevo modelo para designar a sus miembros.
Por su parte, Foro Judicial Independiente viene reivindicando que antes de renovar el actual CGPJ se debería materializar una reforma legal para que, siguiendo los estándares europeos, al menos la mitad de los miembros del Consejo sean elegidos por los propios jueces.
Hasta ahora, el Partido Popular venía exigiendo al Gobierno dicha reforma legal, para que sean los jueces quienes designen a esos doce vocales, como requisito previo a pactar la renovación del CGPJ.
IMPACTO SOBRE EL TS Y EL TC
La falta de acuerdo entre los partidos políticos para renovar el órgano de gobierno de los jueces podría tener un impacto directo en el Supremo y el Constitucional, debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el año pasado que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
Ya en octubre, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.
Desde entonces, el TS ha alertado en sucesivos comunicados de la «situación límite» a la que se enfrenta en particular la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que tras las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez cuenta solo con 25 magistrados, lo que supone el mínimo legal para constituir las cinco secciones que componen esta Sala Tercera –cada una debe tener un mínimo de cinco magistrados–.
Por otro lado, en junio toca renovar a cuatro magistrados del TC. Concretamente, se trata del tercio cuya designación compete al Gobierno (dos) y al CGPJ (otros dos), por lo que, de mantenerse la situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces, no podría llevar a cabo estos dos nombramientos.
De producirse el relevo, saldrían el presidente Pedro José González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. Por norma no escrita, el nuevo presidente se elegirá entre los cuatro magistrados que más tiempo lleven en el TC, es decir, que saldría de la terna de Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
