La secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, ha urgido al Gobierno a priorizar las modificaciones legales necesarias para incluir todas las formas de violencia machista en la legislación, tanto para dotar de los «instrumentos adecuados» a los jueces a la hora de aplicar el código penal, como para la gestión de ayudas que se vinculan al reconocimiento como víctima.
López Abella compareció este jueves ante la Comisión de Políticas Sociales de la Cámara gallega para informar de varios informes de violencia machista y ciberacoso, que ya trascendieron en días pasados, y referidos al balance de 2021. A lo largo de su intervención, se ha mostrado «preocupada» por la «desaparición» del calendario normativo de la adaptación legislativa prevista en el Pacto de Estado contra la violencia machista y en el Convenio de Estambul.
Tanto el Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Gobierno de España, como el Pacto de Estado contra la violencia sobre la mujer, recogen que hechos como el ocurrido recientemente en Barro, en el que una mujer fue arrollada mortalmente cuando iba en su coche por un hombre al que había denunciado por acoso sean considerados como violencia de género.
En su comparecencia en el Parlamento, Susana López Abella ha recordado que en la reunión interterritorial del pasado 31 de marzo, Galicia pidió que se «modificase» la ley para «incorporar todos los tipos de violencia de género» y, de hecho, se puso el caso de Jéssica Méndez, la mujer víctima del atropello del hombre que denunció por acoso. En este sentido, es un «ejemplo de la dejadez» del Gobierno en un caso que no está reconocida como víctima machista al no tener una relación de pareja o análoga con el agresor.
Asimismo, ha traído el caso de la joven de 20 años de Sanxenxo (Pontevedra) que ha denunciado acoso y le fue retirada, tras ser otorgada por un juzgado, las medidas de protección, y cuya familia vive «aterrada». Precisamente, este jueves ha trascendido la decisión judicial de que el caso recaiga en el juzgado número 3 de Cambados, con competencias en violencia de género.
«Hay que modificar la ley orgánica, los jueces necesitan tener un instrumento adecuado», ha apuntado López Abella en su intervención, en la que ha lamentado que, por parte del Gobierno, se han dado «evasivas». Pero, agregó, «en el acta» ha quedado «esa solicitud» de Galicia.
Por otro lado, ha recordado que este año finaliza la vigencia del Pacto de Estado sobre violencia de género y que la información facilitada es que entra en «un periodo de reflexión». Galicia solicitó una prórroga de un año, porque «las víctimas no van a entrar en periodo de reflexión», ha advertido, al tiempo que ha señalado que medidas como el bono de alquiler, que gestionan las comunidades, tampoco pueden esperar. Esta cuestión, dijo, fue apoyada «por numerosas comunidades» en esa misma reunión, en la que se ha solicitado además un calendario y programa de trabajo para la renovación del pacto, puesto que si los fondos acaban llegando a final de año y no tienen el carácter plurianual, después no se «pueden ejecutar».
En cuanto a la trata de mujeres y que solo dos en Galicia hayan contado con medidas el año pasado, como se preguntó la oposición por qué, la secretaria xeral de Igualdade ha apuntado que vuelve a haber una falta de «instrumentos legales adecuados» y las organizaciones sin ánimo de lucro «se ven atadas para solicitar» ayudas y medidas.
REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Otro de los aspectos abordados en la comisión ha sido el ciberacoso, una cuestión recientemente incorporada a la normativa gallega, a raíz de una petición de reforma legal impulsada por la diputada del PPdeG Paula Prado que, de hecho, en el debate de este jueves ha vuelto a acuñar el problema del «chupete tecnológico», que ha descrito sobre poner en manos de preadolescentes teléfonos móviles con acceso a todo tipo de contenidos sin que haya un control.
Así, la parlamentaria popular ha hecho hincapié en la necesidad de implicar a las «familias» en la formación de la igualdad con los descendientes con el fin de evitar situaciones de acoso entre menores. Por su parte, las diputadas del BNG Olalla Rodil y del PSdeG Noa Díaz hicieron hincapié en la necesidad de impulsar campañas dirigidas a hombres como objetos que ejercen la «violencia», tal y como recogen los datos y estadísticas, ha recordado la parlamentaria nacionalista.
López Abella cogió el testigo de la diputada del PPdeG llamó la atención sobre los niños de incluso «tres años» que se pueden ver «cuando se va a una cafetería» y que están «jugando» con el móvil. «No quiero culpabilizar, pero hay que dar formación», ha apuntado.
DATOS 2021
En su exposición, la secretaria xeral de Igualdade recordó que el pasado año se solicitaron 1.784 órdenes de protección, un 11 por ciento menos que el anterior, de las que se adoptaron el 66% de las solicitadas.
Ese año, las denuncias subieron un 2,98 por ciento, hasta las 6.259. En el conjunto del Estado aumentaron un 7,99 por ciento. Galicia registró el pasado mes de septiembre de 2021 una víctima mortal de violencia machista en A Coruña.
En 2021 se concedieron mil ayudas de carácter económico (de las cuales 612 son de pago periódico de hasta 800 euros mensuales y 324 de pago único). Además de distintas actividades de formación y de apoyo psicológico (1.169, de los cuales 306 fueron menores de edad y 64 personas con dependencia), también se registraron 69 cambios de centro escolar por 37 casos de violencia de género.
