La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC.OO., UGT y CSIF, ha expresado hoy su «rechazo más frontal» al «anuncio» de la consejera de Educación, Marina Lombó, sobre una posible la reapertura de los centros educativos a partir del próximo 25 de mayo, como ha establecido el Gobierno central.
Lombó ha garantizado hoy en el Parlamento, durante una comparecencia en comisión, que la educación de Cantabria estará preparada para la vuelta a las aulas a partir «como pronto» del 25 de mayo, en una fecha que «no se puede saber con seguridad cuándo será», de los colectivos de alumnos establecidos por el Gobierno central y que a pesar de la complejidad que entraña esta medida será «una vuelta segura».
En un comunicado, la Junta ha expresado su «sorpresa» por la «poca responsabilidad» de la consejera «anunciando con un mes de antelación una medida que está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos (‘marcadores’ que ni siquiera han sido explicitados por el Gobierno central) que no sabemos si Cantabria cumplirá el 25 de mayo.
En el caso de que, efectivamente, Cantabria el 25 de mayo seencuentre en la fase II de la desescalada proyectada por el Gobierno central y la Consejería «persista en su idea de reabrir colegios e institutos», la Junta de Personal ha advertido que «si no tiene garantías absolutas de que los centros reúnen todas las condiciones higiénicas, sanitarias y organizativas para que no se produzcancontagios», se «verá en la obligación de hacer un llamamiento público para que el profesorado no acuda a los centros ni las familias envíen a sus hijos».
Mención aparte hace la Junta a Educación Infantil, a la que la consejera, a su juicio, «ha querido dar un carácter asistencial que no le corresponde». «Esta Junta desea hacer una alusión expresa a esta etapa educativa, porque le parece inadmisible que la Consejería quiera convertir ahora estas aulas en simples guarderías».
Los representantes sindicales han solicitado una reunión con Lombó el próximo lunes 4 de mayo con el deseo de «poder llegar a un acuerdo para evitar una apertura precipitada de los centros educativos que poco va aportar al desarrollo académico del curso, y, por el contrario, puede tener consecuencias muy graves en la salud de toda la comunidad educativa.
