El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación sobre la ampliación de capital de Banco Popular Español durante el año 2012. Esta decisión ha sido tomada después de que el despacho de abogados Duran & Duran interpusiera una querella criminal en nombre y representación de aquellas personas que perdieron todo el dinero invertido en dicha ampliación. La Audiencia Nacional investigará un presunto delito de estafa a los inversores o incumplimiento de los deberes de información. Y es que, desde la entidad bancaria trataron de falsear los documentos económico-financieros para dar una imagen de solvencia.
En una nota de prensa difundida por el bufete de abogados Duran & Duran, han explicado que, con carácter previo, la querella fue remitida «por antecedentes» al Juzgado Central de Instrucción Número 4. Pero, el magistrado José Luis Calama Teixeira expresó en un auto que, como se señala en la propia querella, la misma versa única y exclusivamente sobre un hecho muy concreto que, a juicio del bufete que presentó el escrito, es constitutivo de delito: la ampliación de capital de Banco Popular Español de 2012. En consecuencia, según recogió el juez, los hechos de 2012 no deben confundirse con los hechos de otros procedimiento penales que nada tienen ver, como la ampliación de capital de 2016 o las inversiones hechas por particulares o profesionales con posterioridad a la ampliación de capital de 2012.
El magistrado también argumentó que en varias ocasiones los hechos objeto de la querella ahora presentada han sido expresamente excluidos del perímetro de diligencias previas de ese Juzgado y por la Sala de lo Penal, reiterándose que el objetivo de este ultimo procedimiento se encuentra limitado a conocer exclusivamente la ampliación de capital de 2016. Por consiguiente, el juez afirmó que no se trata de un mismo asunto, sino un asunto nuevo que requiere la apertura de una nueva causa. Por eso, remitieron la querella al Juzgado que le correspondiera.
En consecuencia, el Juzgado Central de Instrucción Número 4 devolvió las actuaciones al Servicio Común de Registro, Reparto y Digitalización para que se proceda a su reparto al Juzgado que por turno correspondiera. Así, finalmente recayó en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional.
En consecuencia, el Juzgado ha decidido abrir una indagación, ya que los hechos presentan unas características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, dando cuenta a la Fiscalía Anticorrupción para que emita el correspondiente informe al respecto. En la querella interpuesta por este despacho de abogados señalan que el Consejo de Administración del Banco Popular Español sabía que si proyectaba al mercado la realidad de la situación de la empresa, la ampliación de capital del ejercicio 2012 no alcanzaría los resultados deseados. Y es que, con esta operación esperaban conseguir una «inyección» de dinero con la que «parchear su crítica situación».
Así, para conseguir este objetivo, desde la entidad bancaria decidieron alterar la imagen del grupo, especialmente tras la integración de las cuentas de Banco Pastor en las del Banco Popular. Querían dar una imagen de solvencia cuando en realidad se estaba ante «una entidad ruinosa», es decir, el organismo pretendían «falsear» la información económico-financiera. Por este motivo, estos abogados decidieron presentar una querella que permitiera investigar estas acciones llevadas a cabo por el Banco Popular como representantes de las víctimas de esta operación, que perdieron el dinero invertido.
De esta forma, la Audiencia Nacional investigará la operación que se llevó a cabo durante el ejercicio de 2012. En ella se llevó a cabo una ampliación de capital del Banco Popular Español, durante la que muchas personas perdieron todo el dinero que habían invertido en la transacción. Esto podría suponer un delito de estafa a los inversores o incumplimiento de los deberes de información. Y es que, la entidad bancaria, según el escrito del despacho Duran & Duran, trató de alterar su imagen tras la integración del Banco Pastor en el Popular. Todo ello con un objetivo claro, dar una apariencia de solvencia cuando, en realidad, se estaba ante una entidad ruinosa.
