El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
En un decreto de siete páginas, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados «revisten especial trascendencia» por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, abriendo así una investigación por cada una de las siete empresas «supuestamente favorecidas», entre las que están Beedigital –a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño– e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Luzón recuerda que el pasado 10 de marzo tuvo entrada en esa fiscalía especializada de la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba «irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el COVID-19» y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.
Tras detallar hasta 13 contratos por valor de más de 320 millones de euros, Anticorrupción explica que el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian «son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador».
Añade que las irregularidades que se detallan básicamente son la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. Y suma que, para el PP, estas conductas «pudieran constituir los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos».
«PERSONAS AFORADAS»
Luzón indica que el PP «nada aporta», salvo la referencia a publicaciones en medios, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos delictivos por los que se presenta esta denuncia.
Por eso, excluye la participación de momento de esas «personas aforadas», algo que de haber admitido hubiera conllevado que el asunto fuera elevado al Supremo. Y trae a colación el decreto por el que abrió diligencias sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para indicar que en este caso también «resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».
«Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia», añade.
Luzón explica que esta indagación se debe realizar incoando diligencias de investigación penal, y que es pertinente investigar si «los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa».
DESGLOSE POR EMPRESA
En el decreto analiza una a una las siete empresas con las que se firmaron esos contratos o fueron objeto de subvención en 2020. De todas destaca que la denuncia subraya que su actividad no tenía relación con el objeto del contrato y que hubo una falta de comprobación de la solvencia.
De la primera, ‘Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL’ indica que, siempre según la denuncia, las informaciones periodísticas dicen que tiene relación con el exministro de Transporte socialista José Luis Ábalos. Suma a esto que «su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato», que hay una «falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria» y que en 2019 «su cifra de negocio fue de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas».
De ‘FCS Select Products SL’ indica que según el PP los medios de comunicación apuntan como causa de la adjudicación de los contratos la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Y añade a esto que su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- tampoco tiene relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros mientras que en 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas. Recuerda que la administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa.
Sobre la mercantil ‘Member of the Tribe’ apunta que en la denuncia se destacaba que su objeto social es el diseño y fabricación de ropa, y que no existía tampoco correlación alguna con el suministro de productos sanitarios. Además añade que se daba una falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad, y que se pagó un precio excesivo de la unidad de guante.
Recoge que según el PP el coste se estima entre un 25% y un 500% superior al ofertado por otros proveedores. Recuerda que Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones, y que la compañía incumplió el plazo de entrega por lo que se resolvió el contrato sin que la administración haya recuperado el dinero adelantado.
Sobre la compañía ‘Weihai Textile Group Import and Export’ el fiscal jefe recoge que ocurre como con las anteriores en cuanto su idoneidad y dice que se dio un precio de adjudicación excesivo de la unidad de bata, 16,7 euros, frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros.
En cuanto a ‘Hyperin Grupo Empresarial’ destaca el Ministerio Público que la denuncia indica que su objeto social es la fabricación de yesos por lo que no existe tampoco correlación alguna con el suministro de dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Recuerda que Sanidad adelantó el importe total de contrato que alcanzaba la suma de 3.3 millones de euros y que la compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1,8 millones.
BEEDDIGITAL Y PLAYBOL
Sobre ‘Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA’, ahora conocida como ‘Beedigital’ recuerda que el PP de Madrid la relaciona con Calviño porque su marido es el director de marketing de la empresa. Indica además que la adjudicación del contrato «se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones» y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.
De ‘Industrias Plásticas Playbol SL’ explica el fiscal jefe que el PP de Madrid relaciona ayudas recibidas por esta sociedad con la vinculación de la empresa con los padres del presidente de Gobierno. Al hilo, apunta que estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol SA de la que continúan como administrador y apoderada ambos.
Añade que la empresa compradora, ‘Industrias Plásticas Playbol SL’, se subrogó en los contratos laborales y que la empresa de los padres sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.
