La corrupción acorrala al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Salvador Illa. Las antiguas prácticas corruptas prevalecen en el PSC desde el inicio de la democracia, es una de sus señas de identidad, especialmente en su bastión, el Bajo Llobregat, con Hospitalet a la cabeza; pero no es la única zona conflictiva. Sin condenas aún en firme, el caso Inipro amenaza con llevarse por delante a la excúpula socialista de Tarragona a poco más de un año para las elecciones municipales.
Este caso no es uno más de la larga lista que atesoran exdirigentes del PSC. Al propio partido se le juzgará «como responsable a título lucrativo» en relación a toda una larga lista de delitos como fraude en la contratación pública, en liquidaciones de efectos, haberes públicos, prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos. Y es que, los artífices y cabecillas de esta supuesta trama corrupta habrían alterado los precios de las subastas públicas, tráfico de influencias, soborno impropio y malversación.
Al PSC se le juzga «como responsable a título lucrativo» en relación a toda una larga lista de delitos
El caso se remonta a 2009, cuando el actual diputado José Zaragoza ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSC. Bajo este mandato, la zona del Bajo Llobregat y Tarragona, junto con Sabadell y otros municipios estaban bajo la lupa judicial por distintos casos de corrupción. De hecho, Zaragoza fue apartado de la ejecutiva del PSOE en 2013 por el espionaje político en el caso ‘Método 3’. Sin embargo, el PSC le repescó posteriormente, ya con Salvador Illa al frente de su puesto.
PRESUNTA CORRUPCIÓN BAJO EL PARAGUAS DE AYUDAR AL INMIGRANTE
Doce años después y a un 13 meses de las elecciones municipales de 2023 se ha abierto juicio oral tras una denuncia de la CUP. En el banquillo de los acusados se sentarán Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde de Tarragona, y al PSC se le exige una fianza de 276.157,31 euros.
Los hechos se denunciaron en 2015 y apunta a la contratación de Inipro por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) para que se pusiera al servicio de los socialistas catalanes, presuntamente. Ahora se tendrá que determinar si se desvió la cantidad desde el IMSST al PSC a través de esta empresa afín.
La Fiscalía busca sentenciar a Ballesteros (PSC) a cinco años de cárcel por supuestos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, falsedad documental y malversación. Junto a Ballesteros se sentarán Begoña Floria, acusada de malversación, alteración de precios de subastas, soborno, tráfico de influencias, malversación y abuso en el ejercicio de la función pública y fraude en la contratación pública.
La exconcejal Teresa Victòria Pelegrín se enfrenta a prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsedad documental, soborno, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la contratación pública, entre otros.
CARGOS DEL PSC, EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Sobre Antonio Muñoz, exgerente de Servicios Sociales, pesan las acusaciones de prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, falsedad documental, alteración del precio de las subastas públicas y tráfico de influencias, entre otros.
Para el exjefe de gabinete de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, se le acusa de prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, falsedad documental y de alterar los precios de las subastas, entre otros.
Enriqueta Aznar, primera suplente en las elecciones del 25-N por las listas de Tarragona, tiene en su haber fraude, falsedad documental, prevaricación, malversación y tráfico de influencias, entre otros.
El histórico Alejandro Caballero, por su parte, dejó la militancia pocos años después de la denuncia de la CUP. Ocupaba el cargo de Acción Política de las Juventudes del PSC, todo un ejemplo de confirmarse las acusaciones. Ante el juez se enfrenta a los cargos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación pública, falsedad documental, sobornos, tráfico de influencias y alteración del precio de subastas públicas.
ALTOS CARGOS EMPRESARIALES EN EL CASO INIPRO
Otro de los cargos investigados es Gustavo Cuadrado, actual coordinador de comunicación estratégica y desarrollo de procesos de gestión en la Diputación de Tarragona. De nuevo, la malversación, prevaricación, fraude en la contratación pública y falsedad documental, entre otros, aparecen en el escrito contra él.
En este caso también se juzgan a directivos de empresas, como Itínere Serveis Educatius. Su administrador Enrique Manuel Miró afronta acusaciones de fraude, prevaricación, falsedad documental, alteración de los precios de las subastas, estafa y soborno impropio, según el Juzgado de Instrucción. También se encuentra entre los acusados José Gallet, de Gallet Consultores y Asociados, con la misma ristra de presuntos delitos que Miró. Estas dos empresas junto a Inipro son responsables civiles subsidiarios.
Inipro fue contratada en un procedimiento negociado y sin publicidad para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante. Una vez obtenida su primera adjudicación, la empresa volvía a ser escogida pero utilizando prórrogas sin certificar los trabajos realizados. El caso aún tiene varias ramas bajo investigación judicial y esta es sólo la trama troncal, donde el PSC se habría beneficiado. En otros municipios socialistas también se contrató a esta empresa, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona entre 2017 y 2021, cuando ostentaba la Alcaldía de la ciudad junto al PSC.
EL CASO INIPRO Y CONSELL ESPORTIU, LOS CASOS DE CORRUPCIÓN ACTIVOS EN EL PSC
El Ayuntamiento de Barcelona volvió a contratar a Inipro para gestionar el mayor centro cultural de la ciudad por el módico precio de 580.000 euros. Se trata del complejo Fabra i Coats. La cuestionada empresa fue contrata por primera vez en Barcelona en 2017, ya bajo la investigación judicial y con varias dimisiones encima de la mesa. La adjudicación se justificó porque Inipro fue la única en presentar una propuesta.
La oposición en bloque criticó esta adjudicación y exigieron eliminar de las adjudicaciones a las empresas investigadas por presuntos delitos de corrupción. Y es que, si finalmente se demuestra, la imagen de Barcelona y especialmente el PSC se vería aún más afectada. Y es que, los socialistas, según las acusaciones, se habrían lucrado con estos tejemanejes.
No es el único caso de presunta corrupción que recae sobre el PSC. Los socialistas gobiernan con una investigada Ada Colau en Barcelona; y en L’Hospitalet Núria Marín está en el punto de mira judicial por los supuestos trapicheos del caso ‘Consell Esportiu’.
ALCALDES DEL PSC HAN DIMITIDO POR CASOS DE CORRUPCIÓN
Y es que, desde la entrada de España en la Democracia, la corrupción campa a sus anchas en las comarcas colindantes a Barcelona. En Hospitalet y sus municipios limítrofes han sido acusados y sentenciados concejales y alcaldes, como Juan Ignacio Pujana, el primer alcalde democrático de la segunda ciudad más poblada de Cataluña. Pujana presentó su dimisión en 1994 por tráfico de influencias en la adjudicación de un aparcamiento. En este caso también se acabó la vida política de Roberto Ruiz, concejal de Gobernación. La sentencia fue cristalina. Seis años y 300.000 pesetas de multa, con un mes y un día de cárcel.
Tanto Pujana como Ruiz tuvieron otras batallas judiciales por espionaje a empresas constructoras. Ambos salieron absueltos, pero contrataron a una empresa de detectives por 11,2 millones de euros para espiar a funcionarios y estas empresas. Para el juez, «actuaron con la finalidad de preservar los intereses que les era obligado defender en atención a sus funciones». No obstante, apostilló: «Aunque el método utilizado pueda sorprender e incluso incomodar al ciudadano medio».
Antoni Pérez Garzón dimitió como alcalde de Esplugues en 1998, cargo que ocupó desde la transición. Fue sentenciado por un caso muy similar al primero de Pujana a ocho años de inhabilitación por prevaricación. Según el fallo, «olvidó las obligaciones que asumió frente a sus electores y, aprovechando las funciones propias de su cargo, actuó en beneficio de intereses particulares», concretamente a los de su hijo, Ignacio Pérez Sardá, que fue sentenciado a cárcel y un millón de pesetas.
Miguel García Fenosa, el primer alcalde socialista de Viladecans, fue expulsado del PSC, pero su caso estuvo vinculado al Banco Filatélico.
LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, UN NIDO DE CORRUPCIÓN PARA EL PSC
Antoni Rodriguez, por su parte, dimitió como alcalde de Gavà por el simple hecho de llevar una vida «demasiado golfa». No hubo sentencia judicial, quizá por la amenaza de una posible querella.
En Sant Andreu de la Barca también se vio involucrado Manuel Salmerón, su primer alcalde. El motivo fue la concesión de las obras del mercado municipal a una empresa constructora, cuyo accionista era su cuñado.
Enric Térmens, en Olesa de Montserrat, tuvo que dimitir por su vinculación con la estafa relacionada con una caja de ahorros. En Sabadell, Manuel Bustos y su tráfico de influencias acabó con la alcaldía socialista.
La mayoría de casos de corrupción del PSC se concentran en la comarca del sur de Barcelona. Allí se han forjado los nombres que han manejado el partido a sus anchas, como Zaragoza, José Montilla y Antonio Balmón, exnúmero dos del PSC. Por ahora, Illa lidia con su pasado más inmediato, pero los contratos de Barcelona, donde gobierna con Colau, están bajo todas las lupas judiciales.
