La Xunta de Galicia prevé pagar hasta final de año el alquiler de vivienda de todas aquellas familias que dispongan de un bono de ayuda social para hacer frente a este gasto, 700 en total.
Una medida que todos los grupos de la oposición del Parlamento gallego han tachado de «insuficiente» este miércoles en la sesión de la Diputación Permanente celebrada en el Pazo do Hórreo.
Allí, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez ha destacado que esta medida se ciñe a «garantizar el acceso a la vivienda» para los gallegos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, también ha subrayado la relevancia de otras decisiones que caminan en el mismo sentido, como el aplazamiento de los pagos de alquileres de viviendas y locales de propiedad autonómica «hasta el final del estado de alarma».
Sobre el aplazamiento de los alquileres, Ángeles Vázquez ha destacado que esta medida beneficiará a 3.500 familias que habitan en hogares de propiedad autonómica y a 42 locales comerciales que pertenecen al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGSV).
La oposición ha criticado que el Gobierno gallego opte por «aplazar» el pago de estos alquileres en lugar de actuar como lo hicieron «otras comunidades», que decidieron exonerar a los inquilinos» de este abono mensual. El diputado del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez considera que los pasos de la Xunta no son suficientes y la diputada del BNG Ana Pontón acusa a la Administración autonómica de «no actuar acorde a las dimensiones del problema».
En su turno de palabra, Pontón ha cuestionado a la conselleira sobre cuando «se le pasará la factura» de ese alquiler a las familias afectadas y qué sucederá «si no tienen ingresos». Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Davide Rodríguez explica que «no se puede dejar la red de solidaridad en manos de los especuladores, porque eso está destinado al fracaso».
En cuanto a la posición del PSdeG, Gonzalo Caballero ha calificado de «nefasto» el balance en materia de vivienda de «estos 11 años de gobierno» del Partido Popular. A su juicio se han perpetuado «fallos e incumplimientos» en vivienda pública, mientras que el diputado del PP Gonzalo Trenor ha valorado las «buenas medidas» que se impulsan durante el estado de alarma «a pesar de la poca ayuda recibida» del Ejecutivo estatal.
OTRAS MEDIDAS
Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente ha adelantado que el IGSV convocará las ayudas extraordinarias al alquiler creadas por el Gobierno central, «a pesar de que el Estado aún no ha transferido los fondos» para financiar estas ayudas. Vázquez ha criticado la «demora» desde Moncloa y ha puesto en valor que la Xunta «pondrá en marcha actuaciones y medidas para activar la economía», como en la compra de vivienda protegida, que llegarán a los 20.000 euros para unidades familiares con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM y que estarán dotadas con 5 millones de euros.
En su comparecencia, la conselleira también ha puesto el foco en la «reactivación económica», que vendrá de la mano con el «apoyo de los empresarios» que atraviesan dificultades, a los que se concederá «una carencia de 12 meses del canon de las parcelas del IGVS y de Xestur ya adjudicadas».
Para las nuevas adjudicaciones se ofrecerá «tres años de carencia para iniciar el pago del canon» y los empresarios podrán adquirir la parcela «manteniendo el descuento del 40%» del mismo los 12 primeros años, frente a los 10 actuales. Al mismo tiempo se «ampliará en dos años la posibilidad de adquirir una parcela con bonificación» y se prolonga el plazo para abonar el importe de compra de parcelas hasta los seis meses.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Sobre estos asuntos, Ana Pontón ha censurado que la conselleira haya explicado «medidas que ya existían», lo que evidencia «la falta de capacidad para afrontar la crisis, medidas insuficientes y fracasadas en un contexto» que «requiere ambición de país».
Por su parte, el grupo Mixto cree que se dejan muchos asuntos en el tintero que no responden a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, la «mayoría de ellas con problemas en materia de vivienda».
Además, Antón Sánchez ha censurado la «falta de políticas» destinadas a la «creación de vivienda publica» y apunta a «regular los precios del mercado» en lugar «estar del lado de los especulan con la vivienda y hacen negocio».
