La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido al Congreso de los Diputados que muestre «unidad» en torno a las medidas aprobadas por el Ejecutivo contra la violencia de género durante la pandemia del coronavirus, abogando por «dejar de lado agresivos cuestionamientos» de la violencia que sufren las mujeres.
Así lo ha expresado la ministra en la intervención en la Cámara baja durante la que ha defendido el decreto ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, que fue aprobado por el Gobierno en abril y que ahora debe ser convalidado por el Congreso. El texto, contempla el refuerzo de los sistemas de atención telefónica a víctimas, así como la creación de canales a través de WhatsApp. Además, declara esenciales los servicios de asistencia durante el Estado de Alarma.
Montero ha defendido la puesta en marcha de estas medidas, así como el plan de contingencia contra la violencia de género, alegando que el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 «tiene un especial impacto» en colectivos vulnerables como las víctimas de este tipo de violencia.
La ministra ha destacado el incremento de actividad del servicio contra el maltrato (016) durante el Estado de Alarma, al tiempo que ha afeado a «la extrema derecha» que interprete el descenso de denuncias presentadas por violencia de género como una prueba de la disminución de estos delitos en esta crisis sanitaria. «Es mi responsabilidad desmentir a quienes minimizan esta violencia», ha destacado, insistiendo en que el confinamiento «pone más difícil» las posibilidades de denunciar a las maltratadas.
En este sentido, ha recodado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado de que la violencia machista está acentuándose en el contexto actual en el que «aumenta el riesgo de sufrirla» ante el confinamiento obligatorio junto al agresor. «Actuar frente a la violencia de género no es una opción, es una obligación y necesidad», ha remarcado.
VOX ACUSA A PP Y CS DE SER «CÓMPLICES» DEL FEMINISMO
Según ha dicho Montero, existe una obligación del Estado para «adoptar medidas adicionales para su protección», al tiempo que ha apostado por que esta crisis sanitaria «no se cargue sobre los hombros de las mujeres». Nos queremos vivas», ha reiterado durante su intervención, y ha hecho hincapié en que el Ejecutivo español está siendo «referente» mundial en las medidas desarrolladas en esta materia, en esta materia, al tiempo que ha defendido que ese «consenso internacional se observe» en la Cámara Baja.
En el debate parlamentario, los dos únicos partidos que han adelantado su oposición a este decreto han sido Vox y Foro Asturias. La portavoz del partido de Sanitago Abascal en esta materia, Carla Toscano, ha asegurado que el texto aprobado por el Gobierno forma parte de la «guerra entre sexos» y del «discurso del odio hacia los hombres» que promulga la izquierda y que, a su juicio, demuestra el «sectarismo» y el «totalitarismo» de los partidos con esta ideología. Aun así, ha tenido también palabras críticas contra PP y Ciudadanos, por ser «cómplices» en este sentido, al haber apoyado el Pacto de Estado de Violencia de Género hace tres años.
Toscano considera que el decreto, como las leyes existentes en materia de igualdad y violencia de género, pone en «peligro» la Constitución y las «libertades de la mitad de la población», además de «dejar desprotegidas» a las mujeres maltratadas, ya que, según ha indicado, «deja en libertad a los asesinos que salen a la calle sin prisión permanente revisable». Para Vox, el Ejecutivo ha «abandonado a España en una pandemia y ha puesto más esfuerzo en alimentar el feminismo y el odio».
También ha sido muy crítica con la ministra de Igualdad la portavoz adjunta del PP en la Cámara baja, Pilar Marcos, que ha denunciado que las medidas que incluye el decreto ya están en marcha y se desarrollaron en el Pacto de Estado aprobado en 2017. En su opinión, la única novedad relevante es que permite «saltarse» el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria de forma «excepcional» limitándose al crédito de 100 millones que se recogen en el Pacto para repartir entre autonomías, y no está de acuerdo con la medida.
Así, ha explicado que la Ley General Presupuestaria recoge que si una CC.AA no gasta toda su partida, ese remanente se restará al año siguiente porque se entiende que «no había por qué gastarlo». A su juicio, «premiar el incumplimiento» e esta situación «no tiene sentido».
RUFIÁN COMPARTE EL TESTIMONIO DE ANA ORANTES
El resto de su intervención, la representante del PP lo ha utilizado para criticar que el Ejecutivo «banalizara» el Covid19 antes del 8 de marzo y decidiera «posponer la decisión» de actuar en esta materia a que terminase el Día de la Mujer. «Nada de todo esto es feminismo, si es la muestra de un sectarismo letal», ha apuntado la ‘popular’.
Muy diferente ha sido el tono del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufíán, quien ha leído en tribuna la transcripción de la entrevista que concedió a Canal Sur en 1997 Ana Orantes, que se considera una de las primeras imágenes de la violencia de género en España. «Cambió la visión de España», ha recordado el diputado, antes de recriminar a partidos como Vox que sigan negando la existencia de esta lacra.
Por otra parte, tanto la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, como la de PNV, Idoia Sagastizábal, han reprochado a Montero que haya retrasado hasta en dos ocasiones el debate del decreto en el Congreso debido a su positivo en coronavirus. A su juicio, la «urgencia» de esta normativa debía haber sido prioritaria para la ministra. «No tenía por qué presentarla usted», le han indicado.
Aún así, ambos partidos han celebrado la llegada de estas medidas. La diputada naranja ha destacado la importancia de garantizar la protección adecuada de las víctimas y del personal que las atiende, también en relación al Covid19, aunque ha reprochado a la responsable de Igualdad que no haya consensuado este decreto con la oposición. Mientras, la diputada vasca ha llamado a «no interrumpir las herramientas» que existen para luchar contra esta lacra y ha perdido coordinación para que todas las administraciones actúen en este sentido.
La representante de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha criticado la centralización de competencias que supone este decreto, a pesar del voto en contra de la formación, como también ha hecho su homóloga de Eh Bildu, Isabel Pozueta y la portavoz de Más País-Equo en esta materia, Inés Sabanés, quien ha explicado a Montero que en este tema «no pueden actuar en solitario» y le ha pedido mayor interrelación con el resto de las administraciones.
El diputado del BNG, Nestor Rego, por su parte, ha explicado que su voto será a favor a pesar de lo que considera una «infrafinanciación» de la lucha contra la violencia machista. Además, el diputado del PRC, José María Mazón, ha llamado a reforzar las medidas para proteger a las víctimas del machismo.
