Hace apenas catorce meses Salvador Illa regresaba a la política catalana con el ánimo de levantar el PSC y, sobre todo, contribuir al que a priori iba a ser el mayor reto de Pedro Sánchez en esta legislatura: desactivar las tensiones con Cataluña.
El triunfo de Illa insufló ánimos en La Moncloa y el PSC intentó que el retorno de ERC al poder no fuese un chantaje de los sectores más unilaterales del independentismo hacia la formación de Pere Aragonès.
ACERCAMIENTO A JUNTS
El lío interno de Junts per Catalunya antes de sus inciertas primarias está suavizando las posturas postconvergentes hasta hacerlas cercanas al PSC, formación que gobierna la Diputación de Barcelona junto al partido de Carles Puigdemont.
El giro Junts per Catalunya hacia el posibilismo ha contribuido a que el PSC se relaje y bascule apoyos entre las dos principales fuerzas del independentismo.
LA TELE, MOTIVO DE DISENSO
La renovación de la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio mediante un concurso que intentará despolitizar la Corporación pública catalana ha salido de un pacto entre el PSC y Junts per Catalunya para enfado de ERC, que se ha sumado al acuerdo por presión mediática.
En las filas republicanas creen que los postconvergentes les han ‘quitado’ TV3 para vengarse del reciente acercamiento entre el partido que lidera Oriol Junqueras y el hasta ahora director de la autonómica, Vicent Sanchis, que tiene muy malas relaciones con el partido que en su día lo colocó en el puesto, Junts per Catalunya.
PALOS DE ILLA A ARAGONÈS
Salvador Illa está acrecentando su distancia con ERC, que afea al PSOE que las conversaciones entre los gobiernos de España y Cataluña sean simples brindis al sol improductivos. El líder del PSC dice que es «Pere Aragonès quien incumple con la mesa de partidos».
Y también ha aprovechado algunos palos sindicales al partido que lidera el Govern para asegurar que «hay una pulsión antisindical en ERC. Veo en varias actuaciones como que están en contra de los sindicatos. ¿Por qué digo eso? En la reforma laboral había un acuerdo a nivel de España de los sindicatos con la patronal. Y van y lo votan en contra. Y pretenden ellos arrogarse la representación de los trabajadores».
«Eso fue a nivel de España. Pero aquí en Cataluña no quieren hablar con Ustec o CCOO, sindicatos muy representativos. Me da la sensación que esto ya dibuja una tendencia en una formación que se proclama de izquierdas, pero que tiene una actitud contraria a los sindicatos, casi diría de acoso y derribo a los sindicatos que yo no comparto«, añade.
El barón socialista también ha querido dejar claras sus diferencias con Junts: «Tenemos una discrepancia muy fundamental que, más allá de colaboraciones puntuales, impide que podamos mantener una colaboración más sólida a nivel de Cataluña y de España».
«Ellos piensan que lo más conveniente para Cataluña es la independencia y nosotros pensamos que a Cataluña le conviene estar anclada en una Europa que nos ha sacado de la pandemia, que está siendo atacada por Putin, que está haciendo esfuerzos para defender nuestros valores de una forma muy notable. Y para estar en Europa hay que estar en España, que encuentra su fortaleza en su diversidad y pluralidad. Es una diferencia muy troncal», explica.
PROBLEMAS PARA LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
La imputación de Núria Marín ha sido un duro golpe para los socialistas catalanes. La alcaldesa de L’Hospitalet, presidenta de la Diputación de Barcelona y vicepresidenta del propio PSC se ha visto salpicada indirectamente en un desvío de fondos públicos a un organismo deportivo que según la oposición se ha convertido en un chiringuito socialista de la segunda ciudad más poblada de Cataluña.
Illa no quiere dejar caer a Marín, de hecho la nombró vicepresidenta del partido cuando las pesquisas judiciales se cernían sobre ella, ya que la alcaldesa, con permiso del ministro Miquel Iceta, es el principal cargo institucional de la formación socialista catalana.
PROBLEMAS PARA ILLA
Illa mira de reojo algunos asuntos judiciales que navegan contra su gestión en el ministerio de Sanidad a raíz de la querella de Vox por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario en la primera oleada de la pandemia.
El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios, negó en los tribunales las presuntas irregularidades.
