La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía va a conceder, con fondos propios, subvenciones excepcionales a organizaciones no gubernamentales (ONG) que integran la Mesa del Tercer Sector en Andalucía mediante la concesión de ‘tarjetas monedero’ para garantizar el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en situación de vulnerabilidad en supermercados y tiendas de proximidad.
Así lo han anunciado este miércoles el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha instado a dicho departamento del Ejecutivo a adoptar, con carácter urgente y excepcional, las medidas oportunas para la creación de un ‘Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el Covid-19’, con un presupuesto de 17 millones de euros.
Estas ayudas tienen como beneficiarias a las familias afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus; en concreto, personas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que hayan disminuido «ostensiblemente» sus ingresos, que hayan sufrido el despido de su puesto de trabajo durante la pandemia, andaluces retornados, familias monoparentales con menores a cargo, unipersonales y, en general, «todas aquellas personas que por su situación de especial vulnerabilidad necesiten de esta ayuda».
La tarjeta será recargable y servirá para la compra de una lista preestablecida de productos de alimentación, higiene personal y limpieza que no podrá ser modificada por las personas beneficiarias. Su saldo oscilará entre 150 y 250 euros mensuales en función de la tipología familiar, destinándose las de mayor cuantía a las familias con tres o más menores a su cargo, según ha detallado la titular andaluza de Igualdad.
Para ello, la Consejería ha contado con la colaboración de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, en la que están asociadas las principales cadenas de supermercados la comunidad autónoma.
El programa tendrá implantación en toda Andalucía para dotarlo de la «máxima equidad territorial» y su vigencia será «temporal en función de la evolución de las circunstancias de la pandemia, si bien «en un principio, tendrá una duración de cuatro meses con posibilidad de alargarse».
Respecto a los criterios de adjudicación de esta ayuda, no se considera criterio excluyente el hecho de que los menores a cargo de las familias sean ya receptores de una beca de alimentación del Plan Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) de la Consejería de Educación y Deporte.
Tras el estudio de las actuales circunstancias por parte del grupo de trabajo de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector, en el seno de la Consejería de Igualdad y comunicado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se ha considerado necesaria la implantación de este programa extraordinario que complementará las «numerosas medidas» ya adoptadas por el Gobierno andaluz con el objetivo de «proteger a la ciudadanía.
MEDIDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Así, Rocío Ruiz ha incidido en que esta medida se une a las ya puestas en marcha por la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en relación con la protección social de los andaluces frente a las consecuencias económicas del Covid-19, como la regulación de un procedimiento extraordinario de concesión de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en la modalidad de urgencia o emergencia social, así como el adelanto de las cantidades procedentes del Fondo Social Extraordinario para las entidades locales con el objetivo de financiar las prestaciones básicas de servicios sociales.
Según ha puesto de relieve la consejera, la crisis actual ha multiplicado las necesidades sociales de la población como resultado del incremento del paro, de familias que se han quedado sin derecho a percibir prestaciones públicas, de la derivación en situación de vulnerabilidad de personas que hasta ahora estaban integradas socialmente y del incremento, en general, de las personas sin medios económicos para garantizarse una correcta alimentación diaria, ni la adquisición de productos de higiene y limpieza.
Desde la Junta subrayan que, con la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, se ha producido un «aumento exponencial» de las demandas que la ciudadanía presenta tanto en la red de servicios sociales comunitarios gestionados por las entidades locales, como ante las ONG que integran la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.
MÁS PRESUPUESTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
En ese sentido, desde el Consejo de Gobierno también se ha dado a conocer que el presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares financiado por la Consejería de Igualdad superará los 15 millones de euros –en concreto, alcanzará 15.291.608,42 euros– para el actual ejercicio 2020, lo que supone un incremento del 20 por ciento sobre el presupuesto previsto para este año.
Para ello, la partida de crédito disponible de autofinanciado será de 3.569.998 euros, lo que supone «la mayor inversión realizada en el presupuesto de la Junta de Andalucía en este apartado en los últimos años.
A ello se le suman 1.535.370 euros del Fondo Social Extraordinario, quedando pendiente de conocer el acuerdo para el Fondo de Pobreza del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, cuya cuantía ascendió en 2019 a 10.186.240,42 euros.
El año pasado, el crédito total invertido para las Ayudas Económicas Familiares alcanzó los 13,3 millones de euros, de los que 12,2 fueron aportados por la Junta a través de presupuesto propio y del crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, facilitando el resto (1,1 millones) las entidades locales que gestionan el programa.
Estas ayudas se integran en el sistema de financiación autonómico de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales –que integra a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales–, y tienen un carácter temporal y preventivo, con el objetivo de mantener a los menores en su medio familiar.
Constituyen un recurso para situaciones coyunturales de necesidad y deben ser complementarias a los medios destinados a satisfacer las necesidades relativas al acceso a los recursos sociales, a la convivencia personal y familiar y a las relacionadas con la integración social.
Para la distribución del crédito destinado a estas ayudas entre las 92 entidades locales beneficiarias, se toman como referencia los indicadores de población general, población infantil y la media anual del número de demandantes de empleo no ocupados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por municipios.
El número de familias y menores beneficiarios del programa de Ayudas Económicas Familiares ha ido aumentando, por las necesidades de atención e intervención demandadas, desde los 24.924 contabilizados en el año 2013 hasta los 29.146 de 2018. Concretamente, hace dos años –último periodo del que se disponen estos datos– se concedieron un total de 20.883 prestaciones entre Ayudas Económicas Periódicas (11.160) y Ayudas Económicas Únicas (9.723).
En cuanto al objeto de las ayudas, el mayor porcentaje se dedica a la atención de las necesidades básicas (55,88 por ciento); los suministros básicos de electricidad, gas y agua, mobiliario y enseres básicos (19,25%); otras necesidades (17,83%); y al alquiler de vivienda (7%), según ha detallado la Junta.
