La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido al Congreso de los Diputados que muestre «unidad» en torno a las medidas aprobadas por el Ejecutivo contra la violencia de género durante la pandemia del coronavirus, abogando por «dejar de lado agresivos cuestionamientos» de la violencia que sufren las mujeres.
Así lo ha expresado la ministra en la intervención en la Cámara baja durante la que ha defendido el real decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. El decreto fue aprobado en Consejo de Ministros a principios de abril, si bien debe ser debatido y convalidado por el Congreso.
Montero ha defendido la puesta en marcha de estas medidas, así como el plan de contingencia contra la violencia de género, alegando que el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 «tiene un especial impacto» en colectivos vulnerables como las víctimas de este tipo de violencia.
La ministra ha destacado el incremento de actividad del servicio contra el maltrato (016) durante el Estado de Alarma, al tiempo que ha afeado a «la extrema derecha» que interprete el descenso de denuncias presentadas por violencia de género como una prueba de la disminución de estos delitos en esta crisis sanitaria. «Es mi responsabilidad desmentir a quienes minimizan esta violencia», ha destacado, insistiendo en que el confinamiento «pone más difícil» las posibilidades de denunciar a las maltratadas.
En este sentido, ha recodado que la Organización Mundial de la Salud ha avisado de que la violencia machista está acentuándose en el contexto actual en el que «aumenta el riesgo de sufrirla» ante el confinamiento obligatorio junto al agresor. «Actuar frente a la violencia de género no es una opción, es una obligación y necesidad», ha remarcado.
Según ha dicho Montero, existe una obligación del Estado para «adoptar medidas adicionales para su protección», al tiempo que ha apostado por que esta crisis sanitaria «no se cargue sobre los hombros de las mujeres». «Nos queremos vivas», ha reiterado durante su intervención.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo español está siendo «referente» mundial en las medidas desarrolladas en esta materia, en esta materia, al tiempo que ha defendido que ese «consenso internacional se observe» en la Cámara Baja.
El real decreto contempla el refuerzo de los sistemas de atención telefónica a víctimas, así como la creación de canales a través de WhatsApp. También declara esenciales los servicios de asistencia; garantiza el funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para las mujeres y sus hijos; e incorpora las posibilidad de trasladarles a hoteles que estén abiertos durante el Estado de Alarma en caso de carencia de plazas en el resto de recursos de acogida.
