La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados por causa de fuerza mayor durante la crisis del coronavirus se prorroguen de manera automática en el momento en que se levanten las restricciones del estado de alarma.
El objetivo de esta solicitud, según explican fuentes de la Consejería de Economía, es que los negocios que se han acogido a esta medida puedan mantener las prestaciones y exención de cotizaciones que les permitan reabrir «de manera paulatina» y evitar un «destrucción masiva» del empleo en la región.
Así lo señala el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, en una carta que ha remitido a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
En la misiva, Giménez destaca que la denominada «desescalada» anunciada por el Gobierno central será un proceso «largo» que va a exponer al mercado laboral de la Comunidad de Madrid «a una terrible tensión que puede hacer peligrar miles de empleos.
En este escenario, el consejero señala que «la muy discutible elección inicial» del sistema de ERTE para proteger la actividad económica, que ha venido acompañada de sucesivas modificaciones en la tramitación «que han generado graves situaciones de inseguridad jurídica para las empresas», condiciona hoy «cualquier alternativa» para recuperar la actividad durante los próximos meses.
Para evitar nuevas situaciones de «incertidumbre» a empresas y trabajadores, Giménez exige a la ministra que se provea la «cobertura necesaria» para la prórroga automática de los ERTE de fuerza mayor –el 95 por ciento de los cerca de 73.000 expedientes que ya ha tramitado el Gobierno regional–, con las prestaciones y exención de cotizaciones que llevan aparejados, una vez termine el estado de alarma.
«Sería intolerable que la continuidad de cada ERTE de valoraciones discrecionales de conceptos jurídicos indeterminados, tales como la valoración de las restricciones sanitarias para cada empresa o sector», argumenta el consejero en dicha carta.
El objetivo de esta prórroga automática es que cada negocio pueda reabrir cuando las circunstancias lo permitan sin que los costes laborales «causen asfixia y terminen por provocar una destrucción masiva de empleo y la multiplicación de los concursos de acreedores».
Conjuntamente habrán de equipararse los efectos de suspensión temporal del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a la suspensión o reducción por fuerza mayor, al menos en los supuestos en que se alcance un acuerdo entre las partes durante el periodo de consultas, defiende Giménez, que termina ofreciendo el apoyo de la Comunidad de Madrid para implementar «cuanto antes esta medida.
