La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha trasladado este viernes a la Fiscalía Europea documentación sobre el sobrecoste en el precio de las mascarillas pagado por la Comunidad de Madrid en el contrato de emergencia durante la pandemia firmado con la empresa Priviet Sportive con la que se relaciona a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña.
En concreto, la formación ha trasladado documentos para incorporar a la investigación por malversación de fondos públicos en la Fiscalía Europea, en el marco de ese contrato de emergencia que se pagó con fondos ‘Feder’ procedentes de la Unión Europea, según la cual la Comunidad de Madrid pagó más del doble del precio del mercado por el material.
El contrato fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena pandemia de Covid, para la adquisición de este material destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema Madrid, que fue adjudicado por 1,25 millones (sin impuestos) con un precio unitario por mascarilla de 5 euros.
«Mientras estas mascarillas costaron 5 euros por unidad, otros contratos de la Comunidad de Madrid de las mismas fechas se obtuvieron a 2 euros», ha defendido Mónica García, que apunta a cinco contratos realizados en las mismas fechas en los que se duplicó el precio.
Así, recoge un total de cinco contratos formalizados entre marzo y abril de 2020 en los que el precio de las mascarillas KN95 y FFP2 fueron adquiridas por precios que oscilaron entre los 1,63 euros la unidad y los 2,29 euros.
En este sentido, García ha resaltado que se ha remitido toda la documentación recabada por Más Madrid, en base al comunicado de la Comunidad de Madrid con los precios pagados y los obtenidos por el partido, para que amplíe la investigación por delito de malversación. «Esperemos que lleguen hasta el final del asunto», ha subrayado.
En su escrito, la formación apunta a «la divergencia importante entre lo visto en el comunicado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el resto de contratos encontrados pero no citados por su comunicado». «Dada la gran divergencia de precios sin que respondan a causa alguna, en nuestro humilde parecer justifica una investigación para comprobar el posible perjuicio al erario público y el porqué de dicho perjuicio», defiende en el escrito.
