La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene previsto enjuiciar entre este martes y este jueves un caso en el que la Fiscalía ha pedido 40 años de prisión para un hombre de 67 años que regentaba tres locales de alterne en Granada capital junto con tres ciudadanas rusas, también procesadas en esta causa, aprovechándose supuestamente del trabajo de otras mujeres que llegaban desde sus países de origen a España con la «falsa promesa» de ser azafatas de eventos o relaciones públicas.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se los procesa por la presunta comisión de delitos de trata, y de explotación de la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, enfrentándose ellas tres, de 42, 41 y 38 años, a entre 29 y nueve años y cuatro meses de prisión.
A la empresa de la que el principal encausado era administrador y socio único se le piden multas por 3,3 millones de euros y la suspensión de sus actividades y la prohibición de realizar en el futuro «la actividad de alterne, que sirvió para favorecer y encubrir el delito de prostitución derivado del de trata de seres humanos».
El acusado principal supuestamente presionaba, al menos desde mayo de 2017 a febrero de 2018, a las mujeres para el ejercicio de actividades de alterne y prostitución «gritándoles que tenían que ganar más dinero para él y que, si no, las echaría del club» lo que las habría intimidado «no solo por el trato denigrante que recibían sino porque se encontraban en una situación de vulnerabilidad».
Esta situación se derivaría de que «habían entrado en España como turistas con un visado de 90 días que les impedía, al no ser residentes legales, trabajar» legalmente a la par que «desconocían el idioma español», estaban «solas» y tenían «personas a su cargo en sus países de origen».
En cuanto a las condiciones de trabajo de las víctimas, la Fiscalía detalla que tenían un horario de 22.00 a 3.00 horas de lunes a viernes y de 22.00 a 4.00 horas los fines de semana, «periodo durante el cual no se podía salir del club, con un solo día libre a la semana». El precio de las copas supuestamente se repartía al 50 por ciento entre el acusado y las testigos protegidas.
Una de las testigos protegidas en esta causa, con estudios básicos y su madre y su abuela a su cargo, fue contactada supuestamente en Rusia, donde estaba en paro, de forma telefónica y anónima, facilitándosele el nombre del dueño de los locales, que la habría invitado para «poner copas» en uno de ellos.
Posteriormente, sin embargo, en junio de 2017, le habría dicho que «tenía que ir a los reservados a mantener relaciones sexuales con los clientes para ganar más dinero» y, «si se negaba, le gritaba, lo que hacía se sintiera intimidada». Así las cosas, esta testigo «siempre» se habría negado a hacerlo «por lo que fue expulsada del club» un mes después.
