Los ministros de Interior de la Unión Europea han acordado este lunes coordinar mejor el control de los refugiados que llegan a suelo comunitario huyendo de la invasión de Ucrania, más de la mitad menores de edad, para protegerlos mejor de la amenaza de las mafias que trafican con personas, pero también para prever mejor las necesidades de acogida en cada Estado miembro.
«Ya antes de la guerra había organizaciones criminales especializadas en la trata de personas ucranianas y desafortunadamente probablemente siguen activas. Y tenemos cada vez más informes (…) en donde dicen que se ven más coches sospechosos que van a recoger mujeres y niños», ha alertado la comisaria de Interior, Ylva Johansson, al término de la reunión extraordinaria de los ministros convocada para coordinar a los Veintisiete.
Por esta razón, ha explicado la comisaria, los europeos han acordado poner en marcha en cuestión de «días o semanas» distintos instrumentos para reforzar el control, por ejemplo con una plataforma para poner en común los datos de los registros nacionales de los demandante de protección temporal en la UE por huir de la guerra en Ucrania.
También han activado la red ‘Empact’ contra las amenazas delictivas con la que, según ha explicado el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, los Estados miembro podrán «prevenir y luchar» mejor contra la trata de mujeres y explotación de menores. En el caso de España, ha indicado el ministro, no se han detectado aún casos de refugiados explotados pero las autoridades trabajan ya en cómo combatir estas prácticas.
Hasta el momento han llegado a la Unión Europea al menos 3,8 millones de refugiados, de los que cerca de un millón han continuado su camino hacia otros países europeos una vez cruzada la frontera al bloque, y cerca del 80 por ciento del total son mujeres y niños en situación vulnerable.
Por eso, ha dicho el ministro francés de Interior y presidente de turno de la UE, Gérald Darmanin, es «poco probable» que las personas que llegan desde Ucrania planteen un problema de seguridad para la UE y resulta más bien «urgente» que las autoridades y fuerzas de seguridad se movilicen para protegerles.
Así, ha avisado Darmanin, las distintas Policías nacionales y Europol deben estar «especialmente atentos» a quienes acuden a los punto de acogida para tratar de captar a mujeres y menores para introducirles en redes en donde después serán explotados.
Hasta el momento, el registro de quienes solicitan la protección temporal a alguno de los países europeos se realiza a nivel nacional, lo que complica la coordinación a Veintisiete no solo para dar acogida a los recién llegados sino también en materia de seguridad.
Los ucranianos pueden entrar en la UE sin necesidad de visado, lo que les da 90 días de plazo para desplazarse con libertad entre los Estados miembro antes de decidir en donde instalarse y solicitar la protección temporal que la UE ha previsto para garantizarles el permiso de residencia y de trabajo, entre otros, al menos mientras dure la guerra.
Por esta razón, otra de las claves del encuentro ha sido dar por buena la propuesta de la Comisión Europea para contar con una plataforma europea en donde queden registrados cada refugiado solicitante de la protección –y el país en donde lo ha pedido–, así como con un «mapeo» de los medios y disponibilidad de cada Estado miembro para recibir desplazados.
También trabajarán para contar con una mejor coordinación de los apoyos para informar y trasladar desde los países de entrada -en Polonia hay más de un millón de refugiados– hacia otros Estados miembro. Con todo, ningún socio ha pedido en la reunión activar mecanismos de reubicación, según ha dicho la comisaria, y varias delegaciones como Alemania o Bélgica han considerado que no es un elemento necesario en la situación actual.
Frente al pico de más de 200.000 llegadas diarias a la UE en las primeras semanas tras el inicio de la invasión rusa, Johansson ha dicho que ahora las cifras están «bajando» hasta un nivel medio de 40.000 entradas diaria.
Además, la UE se dispone a flexibilizar el uso de dinero común para que los Estados miembros cuenten con un total de 17.000 millones de euros para responder a esta crisis, incluidos 7.000 millones de fondo estructurales no gastados del pasado marco presupuestario y otros 9.500 millones de fondos de cohesión para este año que pueden ser reconducidos a este fin. España estima que usará unos 1.200 millones gracias a esta flexibilidad a lo largo de 2022, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este mismo lunes.
