El patronato de la Fundación Unicaja ha decidido que el organismo apoyará todas las propuestas ya cuerdos que el consejo de administración de Unicaja Banco tiene previsto someter a votación en la junta general de accionistas que se celebrará el 31 de marzo, según ha informado este lunes en un comunicado.
En concreto, la Fundación ha destacado las propuestas relativas a la reelección de los consejeros independientes Juan Fraile Cantón, Petra Mateos-Aparicio Morales, Manuel Muela Martín-Buitrago y Teresa Saéz Ponte por un periodo de tres años. Estos cuatro consejeros fueron propuestos en su momento por la propia Fundación.
La comisión de nombramientos del consejo de administración ha acordado proponer su reelección al concluir que «concurre en todos ellos la honorabilidad comercial y profesional, honestidad e integridad requeridas para desempeñar una gestión sana y prudente».
La Fundación Unicaja es el principal accionista de Unicaja Banco, con una participación del 30,24% de su capital social.
En la junta general del 31 de marzo también se someterá a votación el nombramiento de Carolina Martínez-Caro como nueva consejera independiente de Unicaja Banco, en sustitución de Ana Bolado Valle, y de Rafael Domínguez de la Maza como consejero dominical, en representación de los dueños de Mayoral.
El nombramiento de Carolina Martínez-Caro tiene como objetivo cubrir la vacante que dejó esta semana Ana Bolado, quien renunció al cargo de consejera a la vista de la decisión adoptada por el consejo de administración el pasado 15 de febrero de reducir el número de consejeros independientes para dar entrada en el consejo a los dueños de Mayoral.
Estos reclamaron su derecho a entrar en el órgano de administración cuando se produjese una vacante, tras haber elevado su participación en Unicaja Banco del 5% al 7,6% el pasado mes de diciembre (a través de Indumenta Pueri SL), como recoge el informe anual de gobierno corporativo de la entidad.
Antes de su dimisión, Bolado votó en contra de reducir el peso de independientes por considerar, a su juicio, que la decisión alejaba al banco de las prácticas de buen gobierno que los inversores y reguladores tienen derecho a esperar de una sociedad cotizada, y especialmente, de un banco.
