El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue si la falta de material de protección que están sufriendo los profesionales sanitarios con motivo de la crisis del coronavirus podría ser constitutivo de un delito contra la seguridad en el trabajo, según los artículos 316 y 317 del Código Penal.
Así, instan de nuevo a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de la «situación de desprotección» que ha generado el uso de mascarillas defectuosas. «El simple hecho de pensar que el material puede estar defectuoso está generando situaciones de inseguridad y estrés entre los trabajadores. Esperamos que, una vez se constante esta realidad y su previsible dimensión penal, se plantee ante el órgano judicial competente», explican.
Desde la primera denuncia presentada por SAE el pasado 25 de marzo hasta hoy, un mes después, se han registrado 35.295 casos de contagio entre los profesionales sanitarios, lo que supone entre un 15 y un 20 por ciento de todos los contagiados en España, que este lunes suman 209.465.
«Esta cifra seguirá incrementándose porque los medios de protección continúan siendo escasos y, de los pocos que llegan, algunos forman parte de lotes defectuosos, como las mascarillas FFP2 ‘Garry Galaxy’, que, tras haber sido usadas por los profesionales, se han tenido que retirar porque no cumplen con ninguna clasificación indicada en la normativa. Estas mascarillas defectuosas han dejado expuestos al Covid-19 a miles de profesionales, lo que ha incrementado el número de contagios y ha obligado al aislamiento a un importante número de sanitarios», denuncian en un comunicado.
«Es indignante que los profesionales sanitarios tengamos que continuar mendigando equipos de protección y realización de test PCR para poder realizar nuestro trabajo con toda seguridad y que el escaso material que llega sea defectuoso. Esta pésima gestión que venimos sufriendo desde hace seis semanas continúa poniendo en riesgo la salud de los profesionales y es urgente que alguien empiece a asumir la responsabilidad de esta situación, que puede revestir carácter delictivo», explica su secretaria general, M.ª Dolores Martínez.
