El 90% de las personas que viven en asentamientos pertenecen a algún grupo étnico que sufre con más asiduidad un tratamiento discriminatorio. Esta es la principal conclusión del estudio ‘Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales’, promovido, financiado y coordinado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial; y realizado por la Asociación Provivienda en colaboración con Andalucía Acoge.
Precisamente, ha sido la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, quien ha presentado este viernes los datos de este estudio, junto al subdirector General, Nicolás Marugán; y la responsable del área de investigación y evaluación de Provivienda, Elena Martínez Goytre.
Tal y como han explicado, la investigación se ha hecho en asentamientos situados en las provincias de Madrid, Barcelona, Almería, Huelva y Granada, en donde, según el trabajo de campo realizado, técnicas de ONG y servicios sociales, se estima que viven unas 6.500 personas.
Según ha explicado Martínez Goytre, los asentamientos informales tienen relación con la incapacidad del sistema de dar una solución a los problemas de exclusión y racismo. «Este último es un elemento estructural que atraviesa los asentamientos y se traduce en la heterogeneidad de procesos de entrada, de salida y la manera de habitarlos», ha señalado la investigadora.
UN PROBLEMA CRONIFICADO
A su jucio, hay una falta de previsión de soluciones efectivas para los asentamientos que durante los últimos años se ha cronificado. En este sentido, ha explicado que las condiciones de vida de estos lugares traen consigo «una vulneración de los derechos humanos de las personas».
«La persistencia de este tipo de espacios, destinados casi exclusivamente a estos grupos étnicos y poblacionales, es una muestra del racismo estructural que los sustenta», ha añadido.
Y es que, según el estudio, el acceso a una vivienda está marcado en el país por unos «estereotipos y prejuicios» con respecto a estas personas que, principalmente, se basan en «la presunción de precariedad económica» y «el mal uso del inmueble por parte del arrendatario», según ha explicado Bosaho.
TRATO DIFERENCIAL
«Estos prejuicios se traducen en un trato diferencial que desemboca en mayores dificultades o incluso en el bloqueo total al acceso y permanencia en la vivienda«, ha apuntado.
En el análisis de las entrevistas, se ha identificado, además, que la apariencia física o color de piel, la vestimenta o indumentaria, el nombre o apellido, y el idioma o acento nativo, son los principales desencadenantes que permiten identificar a la persona, ya sea «al hablar por teléfono, entregar la documentación a la persona propietaria o inmobiliaria, o al visitar la vivienda».
Esto genera, según apunta el estudio, una obstaculización por parte de agencias inmobiliarias o particulares, que ofrecen viviendas en peores condiciones o de menor calidad y ubicadas en zonas periféricas o vulnerables.
En este sentido, los expertos coinciden en que existe una infradenuncia generalizada de la discriminación racial entre los distintos grupos étnicos y poblacionales entrevistados, entre los cuales la dificultad de contar con pruebas suficientes para demostrar que se ha sufrido discriminación emerge como uno de los más relevantes.
RECOMENDACIONES
Y, antes esta situación, el estudio e con una serie de recomendaciones para paliar el problema de la falta de acceso a una vivienda digna a causa de la discriminación racial, como puede ser la aprobación de la proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación; el diseño de campañas específicas de sensibilización e información; o la implementación de programas de intermediación en el mercado de la vivienda en alquiler.
Otras medidas que propone son la creación, refuerzo e impulso de los canales, recursos y mecanismos institucionales de denuncia; o facilitar más recursos humanos y económicos para el acompañamiento de las personas que sufren la discriminación racial, reduciendo los elementos que provocan la infradenuncia.
En lo que se refiere al ámbito de los asentamientos informales, el estudio recomienda la erradicación de los asentamientos a través de mecanismos de coordinación y de un Plan de Intervención Integral que impulse soluciones habitacionales dignas para las personas pobladoras; a la vez que pide que se garantice el empadronamiento de las personas eliminando barreras y obstáculos en el procedimiento.
PROGRAMA DE LA II SEMANA ANTIRRACISTA
Por otra parte, la directora general ha anunciado durante el comienzo, el próximo lunes 21 de marzo, de la II Semana Antirracista, organizada por el Ministerio de Igualdad, que contará con una serie de charlas, entre las cuales se incluirán temas como racismo, género, sexualidad, feminicidio y salud mental; así como la atención a las víctimas de discriminación racial y la futura Ley Orgánica contra el racismo.
Tal y como ha explicado, la II Semana Antirracista, será inaugurada el lunes por la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; y la propia Bosaho.
