El PP vasco ha destacado el «varapalo» del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlamento vasco por vulnerar este órgano el derecho de participación política de Vox, por lo que ha destacado que la Mesa queda «absolutamente en entredicho» y ha reclamado la sustitución de sus miembros.
En declaraciones, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio se ha referido así a la sentencia del TC que considera que las decisiones de la Mesa de la Cámara vasca del de 13 de agosto y de 8 de septiembre de 2020, relativos a la denominación del Grupo Mixto y a los órdenes del día e intervenciones parlamentarias de este grupo, «han vulnerado el derecho de participación política» de Vox.
Según ha recordado Barrio, en su día su grupo PP+CS ya denunció el «atropello» que suponía limitar los derechos de la función parlamentaria de Vox, lo que no tenía «ningún reflejo en el reglamento». «Se adoptó esa decisión sin ningún fundamento jurídico ni reglamentario; ningún informe de legalidad en aquel momento que avalara la decisión», ha criticado.
Además, ha destacado que los miembros de la Mesa adoptaron una decisión «política, no jurídica, de restricción de derechos». «En ese momento, la mayoría parlamentaria de PNV y PSE, hicieron ese pacto, con el apoyo de Podemos, para blanquear a Bildu», ha aseverado.
«El Constitucional le ha dado un revolcón jurídico sin precedentes a la Mesa del Parlamento Vasco y, si hacen un análisis de sus responsabilidades políticas los miembros de la Mesa de una sentencia de estas características, la Mesa debería ser sustituida por otra. Se ha visto que esta Mesa es sectaria, que no funciona en claves reglamentarias, parlamentarias, jurídicas, ni democráticas», ha manifestado.
Barrio ha recordado que la propia información jurídica que PP+Cs aportó a la Junta de Portavoces del Parlamento ya señalaba que «esto no tenía fundamento parlamentario, ni jurídico, y que iba contra los derechos parlamentarios, iba a chocar con el Constitucional de una manera clara». «Tomaron una decisión a sabiendas de que era política, eso tiene una definición», ha insistido, para concluir que se debe ejecutar la sentencia y reponer al grupo parlamentario en sus derechos limitados por las decisiones «injustamente tomadas».
